En un escandaloso fraude financiero, 230 personas en Nariño fueron víctimas de un esquema piramidal que les costó más de 1.600 millones de pesos. La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó el cierre de la empresa Cuántica Digital, una firma digital creada por el diseñador de páginas web Andersson Santiago Tovar Montenegro, quien utilizó la promesa de rendimientos de hasta el 300% a través de una plataforma ficticia de compra y venta de acciones.
Cuántica Digital, registrada como una empresa de diseño de páginas web en Ipiales, Nariño, logró captar grandes sumas de dinero de inversionistas a través de su plataforma Dracma, en la que se prometía operar en la Bolsa de Valores y con criptomonedas. El modelo de negocio incluía un «Plan de Carrera» que incentivaba a los usuarios a invertir desde 100 dólares (aproximadamente 415.000 pesos) a cambio de rendimientos del 13% mensual, durante un año. Sin embargo, la falta de autorizaciones y licencias para operar en el sector financiero dejó a los inversionistas sin recursos y generó la alarma entre las autoridades.
El fraude fue descubierto cuando ciudadanos comenzaron a cuestionar la legalidad de Cuántica Digital y a denunciar posibles estafas. En respuesta a las preocupaciones de los usuarios, la Superintendencia Financiera inició una investigación y determinó que la empresa operaba sin autorización legal, violando la normativa vigente. A pesar de promocionarse como regulada por la Australian Securities & Investments Commission (ASIC), la investigación reveló que no existía ningún registro de Cuántica Digital en Australia.
En total, la empresa recaudó 1.661 millones de pesos, pero solo pagó 612 millones de pesos a sus clientes antes de que se detuvieran los pagos en noviembre de 2022. La mayoría de los inversionistas, es decir, el 94,83%, nunca recibieron los rendimientos prometidos. El modelo piramidal en el que se basaba Cuántica Digital consistía en utilizar el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, sin generar ningún tipo de ganancia real.
La Superintendencia Financiera ordenó la disolución inmediata de la plataforma y la devolución de los recursos captados de manera ilegal, a través de la resolución 1743 de 2024. Además, remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las investigaciones penales correspondientes. La Alcaldía de Ipiales también fue notificada para implementar estrategias que prevengan este tipo de fraudes en el futuro.
Este caso resalta la creciente preocupación sobre los esquemas de inversión fraudulentos en Colombia, en los que se utilizan plataformas digitales para atraer a personas sin experiencia financiera y generar ganancias falsas bajo promesas irreales de rendimientos. Las autoridades siguen alerta para evitar nuevos fraudes en el país y proteger a los ciudadanos de esquemas piramidales.