La Personería de Tunja formuló pliego de cargos contra la exsecretaria de la Mujer por presentar un diploma falso, lo que podría costarle una inhabilitación de hasta 20 años.
Un nuevo episodio de corrupción sacude a la administración de Tunja. La Personería formuló pliego de cargos contra Diana Carolina Espinosa Trujillo, exsecretaria de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social de la Alcaldía de Tunja, por haber presentado un diploma falso como requisito para ocupar el cargo. Este hecho, que ya había generado su suspensión en mayo del año pasado, ahora podría costarle una inhabilidad de hasta 20 años.
Todo comenzó con una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre presuntas irregularidades en la hoja de vida de Espinosa Trujillo. En su perfil de bienvenida, publicado en enero de 2024, se destacaban títulos de especialización en Juego y Desarrollo Socioemocional y en Pedagogía de los Derechos Humanos. Sin embargo, cuando la Personería de Tunja solicitó la acreditación de dichos estudios, la exfuncionaria alegó que los documentos se habían extraviado.
Ante la falta de pruebas, el Ministerio Público decidió indagar directamente con la Universidad Minuto de Dios, institución que presuntamente había expedido el título. La respuesta fue contundente: nunca se le otorgó ningún posgrado.
La gravedad de este caso radica en que el supuesto título era un requisito indispensable para la posesión del cargo. Según la Personería, Espinosa Trujillo «aportó un documento con contenidos que no corresponden a la realidad», lo que le permitió acceder al puesto de manera fraudulenta y mantenerse en él por varios meses. De acuerdo con el numeral 6 del artículo 55 de la Ley 1952 de 1994, esta acción se califica como una falta disciplinaria gravísima cometida con dolo, es decir, con plena conciencia de su ilicitud.
Aunque la Procuraduría General de la Nación revocó la suspensión impuesta por la Personería en agosto pasado, el alcalde de Tunja decidió destituirla ese mismo día. Ahora, el caso entra en la etapa de juzgamiento, y de confirmarse la sanción, Espinosa Trujillo podría quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 a 20 años.
Este episodio deja en evidencia las fallas en los procesos de verificación de antecedentes en la administración pública, permitiendo que personas con documentos fraudulentos accedan a cargos clave. La ciudadanía se pregunta: ¿cómo es posible que un engaño tan burdo pasara desapercibido en un proceso de selección oficial? La respuesta aún está por verse, pero lo cierto es que este escándalo ha manchado aún más la credibilidad de las instituciones locales.
El caso evidencia fallas estructurales en los procesos de verificación de antecedentes dentro de la administración pública. La falta de controles rigurosos permitió que una persona accediera a un cargo de alto nivel con un documento fraudulento, lo que pone en entredicho la transparencia y eficacia de los mecanismos de selección. Este hecho no solo afecta la credibilidad de las instituciones, sino que también refleja la vulnerabilidad del sistema ante actos de corrupción. Más allá de la sanción que pueda imponerse, resulta imprescindible que las entidades gubernamentales fortalezcan sus protocolos de validación para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro y restaurar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.