Entre 1852 y 1953, la Guayana Francesa territorio de ultramar en Sudamérica fue escenario de uno de los capítulos más oscuros del sistema penitenciario francés: el “bagne”, como se conocía a las colonias penales donde miles de presos eran enviados desde la metrópoli para cumplir condenas bajo condiciones extremas de trabajo forzado.
Durante ese siglo, más de 70.000 personas fueron deportadas a este enclave amazónico, cargando con ellos el estigma de ser considerados “indeseables” por el Estado francés. Hoy, más de siete décadas después del cierre del último bagne, la memoria de ese pasado vuelve a agitarse entre los habitantes de la región.
La causa: el reciente anuncio del ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, quien confirmó en mayo la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la Guayana Francesa. El proyecto ha desatado una oleada de críticas, tanto locales como internacionales, que acusan a París de querer reinstaurar, bajo nuevas formas, una antigua práctica colonial: usar sus territorios de ultramar como depósito de reclusos.
La polémica no es menor. Para muchos francoguayaneses, la nueva prisión no representa progreso ni seguridad, sino una dolorosa reedición del pasado, con ecos de injusticia y abandono estatal.
