La Comisión Primera del Senado de la República aprobó el Proyecto de Ley que regula el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (PEIMAR), un paso histórico para fortalecer el poder marítimo y la protección de la soberanía nacional en la lucha contra el crimen transnacional.
La nueva ley busca cerrar las «zonas grises» que han sido explotadas por redes criminales para el transporte de grandes cargamentos de cocaína, y consolidar la capacidad del Estado para intervenir en el vasto espacio marítimo colombiano, que representa aproximadamente el 40% del territorio.
El PEIMAR optimizará recursos y permitirá prolongar las operaciones de interdicción hasta por 45 días, garantizando en todo momento el debido proceso y la judicialización de los capturados. Una de las innovaciones más significativas es la articulación directa entre la Armada y la justicia, otorgando funciones especiales y limitadas de Policía Judicial al personal del Cuerpo de Guardacostas de la Armada.
La ley también incorpora el uso de audiencias virtuales desde las unidades navales, lo que permitirá a la Armada mantener la continuidad de sus misiones sin afectar los derechos fundamentales de los detenidos. El Gobierno se ha comprometido con un ejercicio de transparencia y responsabilidad, y rendirá cuentas al Congreso de la República durante los próximos dos años sobre los resultados operativos y la aplicación de las garantías procesales.
Este es un esfuerzo serio y transparente para propinar un golpe contundente a las finanzas del crimen organizado, que mueve en el país cifras comparables al de industrias como la de la construcción, impactando de manera significativa la economía nacional.