La presencia de la flota pesquera china frente a las costas de Sudamérica vuelve a encender las alarmas. A pesar de las sanciones, los acuerdos regionales y los operativos de vigilancia naval, decenas de buques de bandera china han intensificado sus operaciones en los límites de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de países como Ecuador, Perú y Argentina.
Organismos de control marítimo y expertos en conservación advierten que esta actividad, muchas veces al filo de la legalidad o incluso en franca violación de normativas internacionales, representa una seria amenaza para la biodiversidad marina de la región y para las economías locales que dependen de la pesca sostenible.
En Ecuador, las autoridades han reforzado el monitoreo satelital en torno a la reserva marina de Galápagos, una de las más ricas del planeta, mientras que en Perú y Argentina se han reportado maniobras sospechosas de embarcaciones que apagan sus sistemas de geolocalización para evitar ser detectadas.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos y de cooperación entre países del Pacífico y el Atlántico sur, la actividad de esta flota continúa siendo motivo de tensión geopolítica, especialmente por el impacto ambiental que podría acarrear a largo plazo.
