La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras concluir que no existen pruebas suficientes para vincularlo con las presuntas interceptaciones ilegales durante el proceso de paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc. El caso, que lleva nueve años de indagaciones, se originó en 2014, cuando se reveló que la oficina clandestina de inteligencia militar «Andrómeda» habría interceptado comunicaciones de los negociadores del Gobierno, con el objetivo de influir en los diálogos de paz en Cuba.
Aunque el hacker Andrés Sepúlveda, condenado por espionaje, afirmó que las interceptaciones estaban dirigidas a favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, la Fiscalía no pudo establecer una conexión directa entre Uribe y las actividades ilegales. Otros implicados en el caso, como Zuluaga y su entorno, también fueron exonerados.
El proceso judicial, inicialmente en manos de la Corte Suprema, fue transferido a la Fiscalía, que argumenta la falta de pruebas para continuar con la investigación por acceso abusivo a sistemas informáticos. La audiencia para la solicitud de preclusión, programada para el 5 de febrero, fue aplazada para permitir más tiempo de preparación. La decisión final sobre el cierre del caso estará en manos del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá.
