La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza en la preparación de una solicitud formal de imputación de cargos contra el senador Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. La decisión responde a investigaciones que apuntan a presuntas irregularidades en procesos de contratación pública, un caso que amenaza con profundizar la ya compleja tormenta política que rodea al actual gobierno.
Según fuentes judiciales, el expediente reúne evidencias sobre posibles actos de corrupción relacionados con la gestión de contratos en el Caribe colombiano, región donde Nicolás Petro ha consolidado su base política. Los investigadores sostienen que existen elementos para inferir un posible direccionamiento irregular en licitaciones, así como vínculos con empresarios beneficiados.
Aunque la Fiscalía aún no ha revelado los delitos específicos que se imputarían, se habla de cargos relacionados con contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. De confirmarse, las consecuencias podrían ser demoledoras, no solo para la carrera política del senador, sino también para la credibilidad de la administración de su padre.
El caso de Nicolás Petro no es nuevo en la agenda mediática. En 2023, el hoy congresista fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, proceso del que salió en libertad tras colaborar con la justicia. Sin embargo, la nueva solicitud de imputación muestra que los señalamientos persisten y que las investigaciones han tomado un rumbo más sólido.
En el escenario político, la noticia ya genera reacciones encontradas. Mientras sectores opositores ven en la imputación una prueba de que “la corrupción también toca al círculo más cercano del presidente”, voceros oficialistas insisten en que se trata de un proceso que debe respetar el debido proceso y que no puede ser usado como arma política.
El propio presidente Gustavo Petro, en anteriores oportunidades, ha sido enfático en que no intervendrá en los procesos judiciales de su hijo, asegurando que se deben asumir las responsabilidades individuales frente a la justicia. “Cada quien responde por sus actos”, dijo en una ocasión, tratando de marcar distancia.
Con la eventual imputación, la familia presidencial vuelve al centro del huracán judicial. La decisión de la Fiscalía no solo marcará el futuro inmediato de Nicolás Petro, sino que también pondrá a prueba la independencia de la justicia en un país donde la política y los tribunales parecen cada vez más entrelazados.
