La justicia colombiana dio un paso trascendental en la reparación de las víctimas del conflicto armado al embargar bienes de la petrolera francesa Perenco, señalada de haber financiado a grupos paramilitares en el departamento de Casanare. La decisión, adoptada por la Fiscalía General de la Nación mediante la Dirección de Justicia Transicional, busca que los recursos provenientes de estos activos sean destinados directamente a la indemnización de quienes sufrieron la violencia paramilitar.
El embargo recayó sobre dos oficinas de Perenco ubicadas en el centro financiero de Bogotá, cuyo valor comercial supera los 41 mil millones de pesos, aproximadamente 10 millones de dólares. Los bienes fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el objetivo de administrar y canalizar los recursos hacia la población afectada por los crímenes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).
La investigación judicial reveló que altos directivos de Perenco, entre ellos Antenor Sarmiento Delgado y Ramiro Pinzón Suárez, participaron en reuniones y acuerdos con líderes paramilitares entre 1996 y 2005. Según la Fiscalía, la empresa suministró dinero, combustible, transporte y alimentos a cambio de “servicios de seguridad” en sus pozos petroleros, lo que facilitó la expansión y consolidación de los grupos armados ilegales en la región.
Testimonios de exintegrantes de las ACC, como Nelson Vargas Gordillo, detallaron ante la justicia que Perenco entregaba mensualmente barriles de gasolina y pagos en efectivo a los paramilitares, además de colaborar en la restauración de vías y pagar por escoltas armadas para el transporte de crudo. Estas acciones, según los expedientes, permitieron a la compañía operar sin obstáculos en zonas controladas por los grupos ilegales, a costa de la seguridad y la vida de las comunidades locales.
El embargo de los bienes de Perenco representa un precedente en la lucha por la verdad y la reparación integral de las víctimas del paramilitarismo, evidenciando la responsabilidad de actores empresariales en el conflicto armado colombiano. Diversas organizaciones de derechos humanos han celebrado la decisión, aunque advierten que aún queda mucho por esclarecer sobre la magnitud de la colaboración empresarial con grupos armados ilegales.
