La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de imputación de cargos contra ocho personas presuntamente vinculadas a la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Entre los implicados está César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y cercano colaborador del presidente Gustavo Petro. Fiscalía imputará a César Manrique y siete más por corrupción en la UNGRD.
Según el ente investigador, estos individuos participaron en la reducción irregular de $100.000 millones de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), redireccionando los recursos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo.
Las pruebas se sustentan en los testimonios entregados por los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes colaboran con la justicia tras acogerse a principios de oportunidad.
Delitos graves y solicitud de medidas de aseguramiento
Los implicados deberán responder por delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado, lavado de activos e interés indebido en contratos.
La Fiscalía también solicitará medidas de aseguramiento privativas de la libertad, al considerar que la libertad de los procesados podría afectar el curso de las investigaciones.
Estos son los imputados:
- César Manrique Soacha: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en contratos.
- Édgar Riveros Rey (abogado): concierto para delinquir, peculado, falsedad en documentos.
- Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo: contratistas de la UNGRD por múltiples delitos.
- Édgar Echeverri Toro y Francisco Estupiñán Bravo: vinculados a la Corporación Yapurutú, señalados por contratos amañados.
- Jorge Aristizábal Rodríguez y Ana María Riveros Barbosa: imputados por lavado de activos.
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Cercanos al poder en la mira de la justicia; Fiscalía imputará a César Manrique y siete más por corrupción en la UNGRD
El caso ha escalado políticamente al vincular a figuras cercanas al alto Gobierno, como Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso ya detenidos por presuntamente recibir sobornos.
La Fiscalía mantiene en análisis el proceso contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, mencionado por los testigos como facilitador de pagos por $4.000 millones a congresistas.
Este nuevo avance judicial compromete aún más la imagen del Gobierno y abre interrogantes sobre la magnitud de la red de corrupción dentro del sistema de gestión de riesgos en Colombia.
