Fiscalía impone medidas por presuntos bienes ilícitos

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre los bienes de presunta integrante de una red delincuencial en Cali.
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La Fiscalía General de la Nación ha tomado acciones contundentes al imponer medidas cautelares sobre los bienes de Sandra Liliana Castañeda Reyes, presunta integrante de una red delincuencial en Cali.

Esta red es acusada de realizar trámites fraudulentos con el fin de evadir el pago de multas de tránsito, afectando así a la administración pública y a la correcta recaudación de recursos.

Entre los bienes embargados se encuentran un apartamento y un parqueadero, cuyo valor conjunto supera los 300 millones de pesos. Las investigaciones, llevadas a cabo por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, han establecido que estos inmuebles fueron adquiridos con recursos provenientes de las actividades ilícitas que Castañeda gestionaba a través de un establecimiento de comercio. Este negocio era utilizado como fachada para ejecutar maniobras irregulares en los organismos de tránsito.

Además de Castañeda, la investigación ha llevado a la judicialización de cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali. Se les acusa de haber revocado 516 multas impuestas a 336 ciudadanos por infracciones a las normas de tránsito, todo esto sin el debido sustento legal y a cambio de sobornos. Este escándalo pone de manifiesto la gravedad de la corrupción en las instituciones encargadas de la regulación del tránsito y la seguridad vial.

Los bienes afectados han sido ocupados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Cali y quedarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para asegurar que no sean utilizados de manera ilícita en el futuro. Esta acción es parte de una estrategia más amplia de la Fiscalía para combatir la corrupción y recuperar los activos adquiridos a través de delitos en Colombia.

La situación refleja la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las entidades gubernamentales, así como la importancia de fomentar una cultura de transparencia en la gestión pública. La Fiscalía continuará investigando y persiguiendo a quienes intentan beneficiarse del sistema a costa de la legalidad y el bienestar de la sociedad.


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