La investigación por las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa avanzando y ahora tiene como uno de sus escenarios al departamento de Nariño.
La Fiscalía General de la Nación informó sobre la imposición de medidas cautelares a un grupo de bienes que estarían relacionados con personas vinculadas a las investigaciones por el manejo de recursos y contratos de la entidad. En total, las medidas cobijan 25 activos, entre ellos 19 inmuebles y seis sociedades, cuyo valor preliminar se acerca a los 20.000 millones de pesos.
Dentro de este procedimiento aparecen siete bienes ubicados en Pasto y Chachagüí, los cuales estarían relacionados con el contratista Luis Eduardo López Rosero, investigado dentro del proceso que adelantan las autoridades por las presuntas irregularidades alrededor de la UNGRD.
La actuación fue desarrollada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, como parte de las investigaciones destinadas a establecer el origen y la posible relación de determinados bienes con recursos que son materia de investigación.
Las medidas adoptadas incluyen la suspensión del poder dispositivo, el embargo, el secuestro y la toma de posesión de bienes, haberes y negocios. Con estas decisiones se busca evitar que los activos puedan ser vendidos, transferidos o modificados mientras las autoridades determinan su situación jurídica.
Las diligencias para hacer efectivas las medidas estuvieron a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con acompañamiento de unidades del Ejército Nacional.
Es importante aclarar que una medida cautelar no representa por sí misma una declaración definitiva sobre la responsabilidad penal de una persona ni determina automáticamente que un bien tenga origen ilícito. Se trata de una actuación judicial destinada a preservar los activos mientras se desarrolla el correspondiente proceso de extinción de dominio.
Además de los bienes ubicados en Nariño, la investigación contempla activos localizados en diferentes regiones del país. Entre las ciudades y municipios mencionados dentro de la actuación se encuentran Bogotá, Medellín, Montería, Cúcuta, Villavicencio, Sopó, Tabio y Sabana de Torres.
Los activos afectados estarían vinculados con seis personas que han sido mencionadas dentro de las investigaciones relacionadas con el caso de la UNGRD, entre ellas exfuncionarios de la entidad, congresistas y contratistas.
En el caso de Nariño, la atención está puesta en los bienes ubicados en Pasto y Chachagüí, debido a su presunta relación patrimonial con López Rosero. Las autoridades buscan establecer la procedencia de estos activos y determinar si existe alguna conexión con las operaciones contractuales que son objeto de investigación.
El proceso hace parte de una investigación de mayor alcance que ha involucrado diferentes contratos y operaciones realizadas durante la administración de la UNGRD. Las autoridades han venido recopilando información financiera, contractual y patrimonial con el propósito de establecer el destino de los recursos y determinar posibles responsabilidades.
La investigación también busca establecer cómo fueron adquiridos determinados bienes y si los recursos utilizados para su compra o conformación tienen alguna relación con las operaciones que están siendo examinadas por la justicia.
En este contexto, los siete bienes localizados en Pasto y Chachagüí permanecerán sometidos a las medidas cautelares mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
La Fiscalía deberá continuar con la recolección y análisis de pruebas antes de que se produzcan decisiones definitivas sobre la situación jurídica de los bienes. Por ahora, la afectación patrimonial hace parte de un proceso en curso y las personas relacionadas con los activos conservan las garantías y derechos establecidos dentro de las actuaciones judiciales.
El caso de la UNGRD continúa así generando nuevas actuaciones en diferentes regiones del país. En Nariño, las medidas adoptadas sobre bienes ubicados en Pasto y Chachagüí representan una nueva fase de la investigación, esta vez enfocada en determinar la posible relación entre determinados patrimonios y los recursos que son objeto de revisión por parte de las autoridades.
Mientras avanzan las investigaciones, será la justicia la encargada de establecer si existe una relación comprobada entre estos bienes y las conductas que son materia del proceso, así como las responsabilidades individuales que eventualmente puedan derivarse de las pruebas recopiladas.
