El reciente escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Tierras ha puesto en el ojo del huracán al director de la entidad, Felipe Harman, tras la apertura de una indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación. El caso gira en torno a denuncias de presuntos perfilamientos y labores de inteligencia que, al parecer, habrían sido realizadas desde la agencia.
Denuncias
Uribe en el programa Hora 20 y el noticiero de Caracol Radio, donde se reveló la existencia de un contrato específico dentro de los 8.700 contratos firmados por la ANT durante 2024, que menciona actividades de perfilamiento e inteligencia. Según el senador Uribe, este contrato podría haber sido utilizado con fines políticos, lo que generó preocupación sobre el uso indebido de los recursos estatales y las funciones de la entidad.
El informe que ha centrado la atención fue fechado el 30 de junio de 2024 y lleva como título «Informe ejecutivo visita Puerto Gaitán, Centro Integrado de Inteligencia para la Agencia Nacional de Tierras». Este documento, según lo revelado, estaría dirigido directamente al director de la ANT, Felipe Harman, y menciona que las actividades realizadas obedecían a orientaciones de la dirección general, lo que compromete aún más su posición.
Pruebas Incriminatorias
El documento describe que, bajo las directrices de la dirección de la ANT, se llevaron a cabo actividades de investigación de inteligencia y contrainteligencia tanto interna como externamente. Esto representa una clara violación a la normativa vigente, dado que, según la ley colombiana, solo ciertas instituciones como las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) están autorizadas para realizar este tipo de labores.
Controversia
Felipe Harman, quien asumió la dirección de la Agencia Nacional de Tierras con promesas de transformar la entidad y mejorar la distribución de tierras en Colombia, ahora enfrenta un panorama oscuro. Además, la naturaleza de estos perfilamientos genera inquietudes: ¿quiénes fueron las personas o grupos objetivo de estas actividades? ¿Se trató de adversarios políticos o líderes sociales? Si esto fuera cierto, se estaría ante un caso de abuso de poder que iría en contra de los principios democráticos del país.
