En una audiencia crucial que evalúa la situación jurídica de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, la Fiscalía colombiana ha manifestado su consentimiento para concederle la libertad bajo prueba. Durante la sesión, la fiscal Magaly Álvarez afirmó que Mancuso cumple con todos los requisitos necesarios para acceder a este beneficio, al haber contribuido con verdad, justicia, reparación y no repetición. Además, señaló que el exparamilitar ya ha cumplido las tres sentencias de Justicia y Paz que pesan en su contra.
Defensa
La audiencia, llevada a cabo por un juzgado de ejecución de sentencias de Justicia y Paz, comenzó con la solicitud de la defensa de Mancuso de otorgarle la libertad para desempeñar funciones como gestor de paz, designado por el gobierno de Gustavo Petro. La juez escuchó los argumentos de ambas partes, y la diligencia continuará el próximo lunes.
Oposición
A pesar de la posición favorable de la Fiscalía, diversos abogados representando a las víctimas expresaron su oposición. Argumentan que Mancuso no ha devuelto todos los bienes prometidos, lo cual podría resultar en su exclusión del sistema de Justicia y Paz. Esta postura también fue respaldada por la Procuraduría, que sostiene que Mancuso no debería ser liberado.
En cuanto a la posición de las víctimas, hubo divisiones evidentes. Algunos abogados expresaron reservas sobre la posición de la Fiscalía, destacando que Mancuso aún retiene 100 bienes objeto de investigación. Otros, sin embargo, no se oponen a la liberación, argumentando que el exparamilitar ya está involucrado en los procesos judiciales y ha mostrado interés en ellos desde antes de su retorno al país.
Procuraduría
La Procuraduría enfatizó su solicitud de negar la liberación, argumentando que las restricciones de movilidad son necesarias para proteger a las víctimas y evitar la revictimización. También cuestionaron la designación de Mancuso como gestor de paz, argumentando que no puede contravenir las posturas ya adoptadas en los tribunales de Justicia y Paz.
Salvatore Mancuso regresó a Colombia el 27 de febrero de 2024, tras pasar casi 16 años en prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Su llegada generó un debate legal y ético en el país, ya que enfrenta múltiples acusaciones por crímenes cometidos durante su liderazgo en los grupos paramilitares. La decisión sobre su libertad quedará en manos de la jueza el próximo lunes, mientras persisten incertidumbres sobre el futuro de otros procesos judiciales no abordados en la audiencia actual.
