La Fiscalía General de la Nación declaró desierta la licitación pública por $38.000 millones destinada a la implementación de un nuevo sistema biométrico para el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), tras una serie de advertencias formuladas por la Procuraduría General de la Nación.
El proceso, que buscaba modernizar los mecanismos de identificación y registro de evidencia judicial, fue objeto de observaciones y alertas preventivas por parte del ente de control, que pidió suspender temporalmente la licitación para revisar posibles irregularidades en los pliegos y en la evaluación de las ofertas.
De acuerdo con fuentes del organismo investigador, la decisión se tomó “en aras de garantizar la transparencia y la correcta destinación de los recursos públicos”, mientras se evalúa si el proceso será reabierto o replanteado con nuevos lineamientos técnicos y jurídicos.
La Procuraduría, por su parte, había advertido inconsistencias relacionadas con los criterios de selección y las especificaciones técnicas del contrato, las cuales podrían limitar la pluralidad de oferentes y afectar la libre competencia.
Con esta decisión, la Fiscalía deberá ahora diseñar un nuevo proceso contractual que cumpla con los estándares exigidos por los órganos de control y asegure la implementación del sistema biométrico, considerado clave para el fortalecimiento de las investigaciones judiciales y el control interno del CTI.
