Nuevas revelaciones sacuden el ámbito judicial colombiano tras conocerse los testimonios de varios fiscales vinculados a un supuesto robo de lingotes de oro relacionados con un exnarcotraficante. Los interrogatorios, que hacen parte de una investigación en curso, dejan al descubierto posibles maniobras para desviar pruebas y alterar el destino de bienes incautados en procesos de narcotráfico.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que algunos de sus funcionarios están bajo la lupa de organismos de control interno, luego de que se hallaran inconsistencias en la cadena de custodia de los lingotes. Estos bienes habrían sido incautados durante operaciones contra estructuras criminales y, según las denuncias, desaparecieron de los depósitos oficiales.
Oro desaparecido
El escándalo involucra a varios fiscales delegados que habrían tenido acceso directo a la evidencia. En los interrogatorios, algunos de ellos señalaron presiones internas y posibles complicidades con redes criminales interesadas en recuperar los lingotes. Otros, en contraste, defendieron su inocencia y acusaron a compañeros de manipular los procesos de incautación.
La investigación se centra en establecer si existió una red organizada dentro de la propia Fiscalía, orientada a traficar con los bienes incautados. De confirmarse, se trataría de uno de los casos de corrupción interna más graves en la historia de la entidad, pues implicaría la participación de quienes, precisamente, tienen la misión de salvaguardar las pruebas judiciales.
Autoridades disciplinarias y penales trabajan de manera conjunta para esclarecer los hechos, mientras se anuncian nuevas diligencias de interrogatorio y la posible imputación de cargos.
Justicia cuestionada
El caso ya ha generado repercusiones en la opinión pública. Organizaciones civiles han exigido garantías de transparencia y sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables. Para los analistas, el hecho pone en riesgo la credibilidad de la institución y alimenta la percepción de que la corrupción permea incluso los niveles más altos del aparato judicial.
Mientras avanzan las investigaciones, los lingotes continúan desaparecidos, lo que incrementa la presión social y política. Las autoridades han prometido resultados en corto plazo, aunque admiten la complejidad del caso y la necesidad de colaboración internacional para rastrear el oro.
Este proceso se convierte en una prueba de fuego para la Fiscalía, llamada no solo a esclarecer los hechos, sino también a recuperar la confianza ciudadana en la justicia.
