La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, enfrenta uno de los mayores cuestionamientos desde su elección. Aunque afirmó por escrito que no interviene en la aprobación de principios de oportunidad, pruebas obtenidas por SEMANA revelan que sí tuvo control directo sobre el caso de Sandra Ortiz, testigo clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Fiscal Camargo: pruebas revelan injerencia directa en escándalo de la UNGRD.
El 13 de mayo, Camargo aseguró que “los fiscales cuentan con autonomía para adoptar decisiones” y que había delegado a los fiscales ante la Corte Suprema la tramitación de esos principios. Sin embargo, solo un día después, el 14 de mayo, un documento interno de la propia Fiscalía señala que el principio solicitado por Ortiz seguía pendiente de la autorización de la fiscal general.
Esta contradicción podría implicar que Camargo incurrió en falsedad en documento público, al negar su rol decisivo en el proceso.
Ortiz acusó a figuras clave del Gobierno Petro; Fiscal Camargo: pruebas revelan injerencia directa en escándalo de la UNGRD
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, entregó a la Fiscalía una matriz de colaboración en la que delata con pruebas a figuras cercanas al presidente Gustavo Petro. Entre los mencionados están:
- Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE
- Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional
- Iván Name, expresidente del Senado y actualmente detenido
La matriz, radicada el 18 de marzo, detalla que 3.000 millones de pesos de la UNGRD se usaron para facilitar reformas del Gobierno Petro y asegurar la elección de Fernández como magistrado. A pesar de la gravedad del testimonio, la Fiscalía no ha compulsado copias ni abierto investigaciones paralelas.
Además, chats revelados por SEMANA muestran que los fiscales del caso reconocían que la decisión final dependía de Camargo, contradiciendo la versión oficial.
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Piden fiscal ad hoc por posible conflicto de intereses
Ante la evidencia, la defensa de Ortiz y la Red de Veedurías Ciudadanas solicitaron la designación de un fiscal ad hoc. Argumentan que Luz Adriana Camargo no puede actuar con imparcialidad debido a sus posibles vínculos con personas mencionadas en el testimonio de Ortiz.
Pablo Bustos, presidente de la Red, pidió a la Corte Suprema que certifique, bajo juramento, si la negativa del principio de oportunidad fue decisión de Camargo. Según él, existen pruebas que lo confirmarían.
La situación también deja en entredicho el discurso de Camargo sobre su política de “justicia premial”, que prometía más autonomía para los fiscales y un enfoque transparente hacia la colaboración de testigos.
