La Sala Plena del Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la decisión de mantener la investidura a los congresistas que realizaron donaciones monetarias a la colecta pública destinada a la financiación de las vías de cuarta generación (4G) en Antioquia. El fallo desestimó la solicitud de pérdida de investidura formulada contra los parlamentarios involucrados.
Puntos centrales del fallo judicial:
• Inexistencia de contrato estatal: El tribunal concluyó que las contribuciones o aportes voluntarios realizados por los congresistas a la iniciativa departamental no constituyeron ni formalizaron un contrato estatal con la entidad pública.
• Ausencia de beneficio particular: La corporación judicial argumentó que la destinación de los fondos no generó un provecho personal o privado para los parlamentarios ni para terceros específicos, sino que estuvo orientada al interés general y al desarrollo de la infraestructura vial de la comunidadEl artículo de El Tiempo hace referencia a la decisión tomada por el Consejo de Estado de Colombia en la cual negó la pérdida de investidura (conocida popularmente como «muerte política») solicitada en contra de ocho congresistas que realizaron aportes económicos a la denominada «vaca» por las vías 4G en Antioquia.
Puntos clave del fallo:
1. Sin falta ni mala fe: El tribunal consideró que las donaciones realizadas por los parlamentarios no constituyeron una violación al régimen de inhabilitaciones ni una falta que justificara retirarles su investidura.
2. Contexto de la «vaca»: La colecta pública fue impulsada a comienzos de 2024 por la Gobernación de Antioquia con el objetivo de recaudar fondos privados y comunitarios para culminar obras de infraestructura vial (vías 4G) en el departamento.
3. Fundamento de la demanda: Quienes demandaron a los congresistas argumentaban que sus aportes financieros violaban la prohibición de celebrar contratos públicos o hacer donaciones directas que pudiesen generar conflictos de interés. Sin embargo, la alta corte determinó que el aporte voluntario a una causa pública de interés regional no configuró un delito ni una causal para despojarlos de sus curules.
Con este fallo, los congresistas vinculados al proceso mantuvieron intactos sus derechos políticos y sus senadurías o representaciones a la Cámara.
