En Colombia la implementación de la firma electrónica en los trámites gubernamentales se ha convertido en una prioridad. Surge la necesidad de que se acelere su adopción para no quedar rezagada en su proceso de digitalización administrativa.
Es que en Colombia, aunque el 68% de los hogares tiene acceso a internet, solo el 32% utiliza servicios en línea para realizar trámites con el Estado, según datos del Dane. Además, un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá destaca que la principal barrera para la adopción de la firma digital en el sector empresarial es la desconfianza en la seguridad de las transacciones electrónicas.
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Pero en este punto es importante diferenciar entre firma electrónica y firma digital, ya que cumplen roles distintos y tienen diferentes niveles de accesibilidad y uso. La primera es más accesible para los ciudadanos y empresas, permitiendo la validación de identidad a través de métodos económicos y fáciles de usar, como contraseñas, códigos enviados por SMS o incluso biometría.
En contraste, la firma digital es más costosa y está diseñada principalmente para empresas y trámites que requieren un nivel de seguridad mucho mayor.
Para los trámites
Agregó que “para los ciudadanos comunes, la firma electrónica es más que suficiente para la mayoría de los trámites, sin necesidad de incurrir en los costos elevados que implica una firma digital, la cual, además, debe renovarse anualmente».
A pesar de contar con un marco regulatorio que reconoce la firma digital desde hace más de una década, en Colombia su implementación ha sido limitada. Según datos del MinTIC, solo el 10% de los trámites estatales pueden realizarse completamente en línea, lo que subraya la urgencia de acelerar este proceso.
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Agregó que situación refleja la falta de coordinación interinstitucional y la necesidad de mayores inversiones en tecnología. Sin avances significativos, el país corre el riesgo de quedarse atrás en la modernización de sus servicios públicos, limitando su capacidad de responder a las demandas de una ciudadanía cada vez más digital.
Los ciudadanos no necesitan pagar grandes sumas cada año para tener una firma digital cuando la firma electrónica es una alternativa perfectamente viable para la mayoría de las interacciones con el Estado y las empresas. De hecho, dijo, los métodos de validación de la firma electrónica pueden costar tan solo 5 mil pesos, lo que la hace accesible para una amplia mayoría de la población.
Además, González subrayó la importancia de contar con una infraestructura digital robusta que garantice la seguridad y confianza de los usuarios, lo que podría incrementar en un 20% el uso de los servicios digitales por parte de las empresas, según estimaciones del MinTIC. Este avance sería clave no solo para simplificar los trámites ciudadanos, sino también para impulsar la reactivación económica y reforzar la transparencia en la lucha contra la corrupción.
