Desde agosto, el departamento del Meta ha sido el escenario de intensas manifestaciones contra los peajes de Puente Amarillo, La Libertad, Ocoa y Trocha, en las que los ciudadanos han expresado su rechazo al alto costo de estos cobros. Estas protestas, inicialmente impulsadas por el genuino descontento popular, han paralizado la recolección de cerca de 31.000 millones de pesos, según estimaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Sin embargo, lo que comenzó como una movilización ciudadana parece estar tomando un giro político, ya que varias figuras de la esfera pública han encontrado en estas protestas una plataforma para ganar visibilidad y, posiblemente, apoyo electoral.
Figuras políticas
Gabriel Parrado, representante a la Cámara, ha asumido las protestas como una de sus causas principales, utilizando su presencia en redes y en el Congreso para expresar su apoyo. Sin embargo, su postura ha sido cuestionada, por su limitada gestión en temas relevantes para la región y que su partido es parte del gobierno que los ciudadanos critican, generando dudas sobre si su apoyo es genuino o un intento de ganar simpatía.
David Mora, un joven político regional y exaspirante a la Cámara, también ha ganado visibilidad al convertirse en vocero de las manifestaciones en Puente Amarillo. Mora ha captado atención pública y se ha posicionado como líder en redes sociales, pero su presencia reciente en este contexto suscita preguntas sobre sus motivaciones y si busca consolidarse políticamente.
Arley Gómez, conocido por su trayectoria en la política del Meta, ha aprovechado las protestas para reafirmar su compromiso con los derechos ciudadanos. Aunque asegura que su activismo es desinteresado, su participación ha fortalecido su perfil en el departamento y le ha ayudado a captar respaldo popular.
¿Autenticidad u oportunismo?
El crecimiento de estas protestas y la participación de diversas figuras políticas plantean interrogantes sobre la verdadera naturaleza de las movilizaciones. ¿Hasta qué punto estas manifestaciones representan una expresión auténtica de la ciudadanía? ¿Y en qué medida algunos políticos están utilizando el malestar general como un trampolín para sus propios fines?
Para los habitantes del Meta, la inconformidad con los peajes es legítima, y las demandas por condiciones justas y razonables son más que válidas. Sin embargo, la instrumentalización de esta causa popular por parte de figuras políticas ha generado un ambiente de escepticismo entre algunos sectores de la ciudadanía, que temen que la autenticidad de su lucha pueda quedar opacada por intereses políticos.
