La Procuraduría cuestionó a Olga Lucía Alfonso por irregularidades graves en corralejas en Guamo.
La Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria del Tolima encendió las alarmas por los eventos de corralejas programados en el municipio de Guamo. A través de un oficio fechado el 11 de junio, el ente de control exigió a Cortolima ordenar la suspensión inmediata de estas actividades, tras detectar múltiples irregularidades ambientales y operativas que ponen en riesgo los recursos naturales y la seguridad institucional.
El documento, dirigido a la directora de la corporación, Olga Lucía Alfonso Lannini, señala que se usaron más de 3.000 piezas de madera sin documentación legal para levantar los palcos del evento. Lo más alarmante, según la Procuraduría, es que el 80% del material ya estaba incorporado en la estructura cuando Cortolima intentó ejecutar una medida de aprehensión que, en la práctica, nunca se hizo efectiva.
El oficio también revela un operativo realizado el pasado 30 de mayo, durante el cual funcionarios ambientales fueron víctimas de amenazas verbales, intimidaciones y obstaculización del proceso, lo que llevó a suspender la diligencia por falta de garantías de seguridad. La escena incluyó la destrucción parcial de evidencia, y se evidenció la ausencia de acompañamiento policial, hecho que agravó la vulnerabilidad del personal presente.
Ante la gravedad del caso, la Procuraduría señaló la falta de planeación y capacidad de reacción de Cortolima. Aunque la corporación ya había recibido denuncias constantes por este tipo de eventos, no se adoptaron medidas preventivas ni se coordinó con las autoridades para evitar que los hechos se materializaran, lo que para el Ministerio Público es una omisión grave.
Además de Guamo, la Procuraduría también dirigió su atención hacia el municipio de El Espinal, donde se han iniciado preparativos para unas nuevas corralejas. Según el informe, ya se seleccionó una entidad operadora y hay señales de que podrían estar utilizando madera sin respaldo legal, por lo que se solicitó especial vigilancia sobre este proceso.
Finalmente, el ente de control pidió que todo nuevo operativo ambiental cuente con acompañamiento directo de la Policía Nacional, con el fin de proteger la integridad de los funcionarios e impedir nuevas irregularidades en la ejecución de la ley ambiental.
