Redacción Extra
En medio de profundas necesidades sociales que reclama la comunidad, la Alcaldía de Puerto Gaitán (Meta) ha destinado más de $11.200 millones de pesos para la realización del 36° Festival Internacional de la Cachama “Libardo Unda”, que se llevará a cabo del 20 al 22 de junio de 2025. Aunque el evento es considerado parte del patrimonio cultural del municipio, la millonaria inversión ha generado controversia debido a que los recursos provienen de fondos de libre destinación, los cuales podrían haberse orientado a mejorar servicios básicos, educación o salud.
Contratos
El festival contará con una cartelera artística de alto costo, encabezada por Carlos Vives, Los Tigres del Norte, Luis Alfonso y Luis Alberto Posada, entre otros. Esta nómina de artistas fue contratada mediante el Contrato 0649-2025 con el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila por un valor de $5.792 millones, que incluye pagos anticipados de hasta el 50% y obligaciones de promoción en Bogotá. Solo por Carlos Vives y Los Tigres del Norte se pagaron casi $4.000 millones en conjunto.
El Contrato 0646-2025, por $5.461 millones, fue firmado con la Asociación de Municipios del Alto Ariari para cubrir la logística, tarimas, luces, sonido, escenografía, feria de emprendimiento y operativos del festival. Paradójicamente, las actividades relacionadas con el río, núcleo temático del evento, recibieron solo $16 millones, una cifra menor frente al total ejecutado.
Legalidad
Si bien la contratación de artistas no es ilegal, debe cumplir con principios establecidos en la Ley 80 de 1993, como la eficiencia del gasto, necesidad del servicio y transparencia. Además, el gasto debe estar soportado por estudios técnicos y justificación dentro del Plan de Desarrollo Municipal. La Contraloría y la Procuraduría han advertido reiteradamente sobre el uso indebido de recursos públicos en eventos culturales sin planeación adecuada o con fines clientelistas.
El caso de Puerto Gaitán no es aislado: Colombia ha normalizado la destinación de millonarios recursos públicos a festivales y conciertos mientras persisten grandes brechas sociales. En esta ocasión, líderes comunitarios han cuestionado el desbalance: “se invierte en espectáculos de talla internacional mientras muchos habitantes carecen de servicios básicos”.
La comunidad señaló que, este episodio reabre el debate sobre el uso del erario en contextos de desigualdad. Así mismo, señalaron que “la cultura es valiosa, pero su fomento no debe sustituir la inversión en derechos fundamentales ni convertirse en una vitrina política”.
