La administración de justicia está en deuda con las mujeres en Colombia. Solo el 32 % de las denuncias que se han interpuesto ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidios han terminado en una sentencia condenatoria, mientras que el 35 % siguen en etapa de indagación (la primera de los procesos penales).
El reciente caso de la DJ Valentina Trespalacios –presuntamente asesinada a manos de John Poulos, con quien sostenía una relación sentimental– volvió a poner el foco mediático en estos crímenes de violencias basadas en género. Sin embargo, el de Trespalacios es la tragedia que miles de familias han vivido históricamente en el país.
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Según cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista, durante 2022 se registraron 614 feminicidios en Colombia. Los departamentos con más casos fueron Valle del Cauca, con 95 registros; Antioquia, con 88; Bogotá, con 83, y Atlántico, con 47.
Entre tanto, datos de la Fiscalía General de la Nación indican que ese mismo año se interpusieron 565 denuncias por este delito, lo que sugiere un subregistro de casi 8 %. Aun así, de esos hechos ocurridos el año anterior y que se denunciaron ante el ente acusador, solo el 9 % terminó en una condena.
Para Estefanía Rivera Guzmán, coordinadora del Observatorio, esta disparidad de cifras se debe a que “Colombia cuenta con un amplio sistema de datos para estos delitos, pero hay un inconveniente muy grande: el análisis de lo que se entiende por feminicidio. Muchas veces para la institucionalidad son crímenes que solo ocurren en las relaciones erótico-afectivas, pero para nosotros es mucho más amplia”.
Desde 2015 los feminicidios se incluyeron en el código penal colombiano para que los asesinatos de mujeres –solo por la razón de su género– pudieran ser juzgados con un enfoque distinto al del homicidio y reconociendo la violencia histórica contra las mujeres.
Desde entonces, según datos, la Fiscalía ha iniciado 3.845 procesos por este delito, de los cuales 608 comenzaron en 2019, 606 en 2021, 595 en 2018, 565 en 2022, 533 en 2020, 462 en 2017, 306 en 2016, 122 en 2015 y dos en los 27 días que han transcurrido de 2023.
Las zonas en las que más se han interpuesto procesos son Bogotá, con 761 casos; Valle del Cauca, con 605; Antioquia, con 391; Tolima, con 198; Santander, con 157; Magdalena, con 150, y Bolívar con 139.
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No obstante, al medir el avance de estos procesos ante los estrados judiciales, el balance en más bien gris. En el 64,7 % (2.541) de estos casos no ha habido una decisión de un juez, por lo que el 35 % (1.358) duerme el sueño de los justos en indagación preliminar, el 27 % (1.076) está en etapa de juicio y el 2,7 % (107) en investigación, fase posterior a la imputación de cargos.
Así mismo, los datos indican que cuatro procesos (que representan el 0,1 %) fueron querellables (que fueron conciliados o desistidos), 44 tuvieron una terminación anticipada (el sindicado aceptó los cargos) y 1.256 terminaron en una sentencia condenatoria.
Si en algo hay un consenso generalizado es que para las mujeres que son víctimas de violencias basadas en género, o para sus familias, es el acceso a la justicia: desde ir a una Unidad de Reacción Inmediata y rendir testimonio, hasta todas las instancias de un proceso penal en el que ordenan hacer valoraciones o revivir en cada audiencia vivencias o hechos dolorosos.
Por eso, las expertas coinciden en que los funcionarios, investigadores y responsables de la recepción, análisis y juzgamiento de las denuncias haya una sensibilización para que no haya revictimización contra las mujeres ni se estudien casos desde los prejuicios e imaginarios.