En un pronunciamiento que refleja la tensión institucional que se vive en el
suroccidente colombiano, la Asamblea Departamental manifestó su rechazo categórico
ante la reciente decisión de las disidencias de las FARC de restringir el acceso a
organismos internacionales y a la Defensoría del Pueblo en las zonas de mayor
conflictividad. Este veto no es solo un desafío a la fuerza pública, sino un golpe directo
a la arquitectura de los Derechos Humanos en el territorio. Los diputados advirtieron
que estas restricciones vulneran principios fundamentales del Derecho Internacional
Humanitario (DIH) y dejan a las comunidades rurales en un estado de absoluta
indefensión.
Al impedir que misiones de verificación y acompañamiento neutral ingresen a los
municipios más golpeados por la guerra, se anula la posibilidad de denuncia y atención
inmediata ante posibles crímenes de guerra o desplazamientos forzados. Dentro del
debate en la corporación, el diputado Dagoberto Hurtado Muñoz, actual representante
de la Asamblea Departamental, fue enfático en señalar que el aislamiento de las
comunidades es una estrategia para invisibilizar el conflicto. Para el cabildante, la
presencia del Ministerio Público y organismos externos es la única garantía de
protección civil en regiones donde la legalidad está bajo asedio.
Asimismo, voces como la del diputado Víctor Armero, quien ha seguido de cerca la
situación de las comunidades étnicas, enfatizaron que la presencia internacional es el
«último escudo» de los civiles. Según los asambleístas, permitir que los grupos armados
decidan quién entra y quién sale del territorio es ceder la soberanía institucional ante
la ilegalidad. La corporación subrayó que la labor de agencias como la ONU o la Misión
de Verificación de la OEA posee un carácter estrictamente neutral, indispensable en
contextos de alta complejidad social.
Finalmente, la Asamblea hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que no
abandone el departamento. Los diputados insistieron en que la construcción de paz no
puede avanzar si se permite el aislamiento de las comunidades. «La paz se construye
con presencia, no con silencios impuestos», concluyeron en su declaración oficial,
exigiendo garantías de seguridad que permitan el libre ejercicio de la defensa de los
derechos humanos sin temor a represalias armadas.
