Hace 404 días el mundo se estremeció con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse y en medio de este magnicidio están 18 colombianos, exmilitares, quienes son acusados del crimen y que esperan, en condiciones infrahumanas, que les definan su situación jurídica.
Lo anterior sería una historia judicial normal, si tuviera un tránsito dentro de la normatividad jurídica que se maneja en ese país. Pero la realidad es otra.
Mientras los exmilitares colombianos padecen un verdadero viacrucis, que se caracteriza por la violación a los Derechos Humanos, maltratos, torturas y las pésimas condiciones en las que se encuentran detenidos, sus familias esperan que haya un juicio justo.
El contraste radica en que ellos, los exmilitares, se encuentran atrapados en un laberinto de muerte y horror.
Para Jhon Jairo Ramírez, Manuel Antonio Grosso y Naizer Franco, tres de los exmilitares vinculados en el magnicidio, el 7 de julio de 2021 quedó grabado en sus mentes y marcó para siempre la vida de sus familias, que hoy llevan su dolor a cuestas. Un peso que los tortura en todo momento.
La situación
Las esposas, las madres y los hijos de los exmilitares viven su propia pesadilla. Coinciden en que ellos viajaron a Haití buscando un mejor futuro para todos, pero viven su propio infierno.
Todas las pruebas apuntan a que ellos serían los autores de este crimen y ven pasar su vida encerrados en peligrosas cárceles, a la merced de los desastres naturales y las bandas criminales, a lo que se suma la práctica del vudú, una especie de ‘religión’ que, históricamente, ha caracterizado a la isla.
Estos colombianos se sienten solos, no cuentan con el apoyo del gobierno colombiano y están a la merced de una suerte que tiene un camino espinoso y lleno de incertidumbre.
Luchan por sus vidas en unas cárceles, donde no hay comida ni la más mínima posibilidad de tener una vida digna. Conviven con cucarachas y ratas, y solo ven el sol cuando son sacados del penal y se convierten en ‘escudos humanos’ de los guardias, quienes se cubren con ellos de los ataques de la turba enfurecida.
El dolor no solo consume a los exmilitares sino a sus familias, quienes, en entrevista exclusiva con HSB Noticias, narraron lo que tienen que padecer al saber que sus seres queridos están a 1.615 kilómetros en un lugar que solo les brinda humillaciones, incertidumbre y dolor extremo.
Estas familias están sumidas en su propia cárcel, que también les brinda tortura infinita ante la incertidumbre de no saber nada de quienes están detrás de las rejas de un cruel penal en una isla casi desconocida.
No pierden la esperanza. Claman a los gobiernos colombiano y haitiano garantías durante el proceso que se adelanta en contra de sus parientes.
Según las denuncias de sus familiares, los exmilitares siguen siendo sometidos a maltratos y torturas, haciendo inminente el riesgo de su muerte.
Con lágrimas y la angustia propia del dolor familiar lo único que tienen de sus familiares son cartas escritas, a puño y letra desde las lúgubres celdas, de quienes se han atrevido a desafiar el sistema para poderse comunicar, y en las que reposan palabras de relatan los vejámenes a los que son sometidos a diario.
“Cuando duerno quisiera no despertar jamás y, a veces, pienso que si muero es mejor”, se lee en una de las pocas cartas que ha podido enviar a su familia Jhon Jairo Ramírez Gómez.
Este relato de Ramírez son aguijones en el corazón de su madre, María Irene Gómez. Ella permanece con un semblante triste, de mirada llorosa constante y la expresión cansada por las noches de desvelo en las que la imagen de su hijo no se quita del pensamiento.
La súplica es constante al Gobierno del presidente Gustavo Petro, y con palabras rotas pide, implora, que ayude a los exmilitares detenidos en Haití.
“Ellos están secuestrados en un campo de concentración en condiciones inhumanas”, afirma doña Irene.
Las peticiones humanitarias a la Cancillería
En la búsqueda incesante de ayuda, las familias buscan llamar la atención de la Cancillería para que les dé respuesta a una serie de solicitudes que tienen para garantizar la integridad de sus seres queridos.
Un primer llamado es que, ante el cambio de Gobierno en Colombia, dejó a estas familias sin la posibilidad de ver a sus hijos y cada día el temor por sus vidas es mayor.
El gobierno de Iván Duque no hizo nada, recalca el hermano de Jhon Jairo Ramírez, quien no duda en afirmar que su familiar y los demás exmilitares fueron acusados sin un juicio.
Además, el cónsul honorario en Haití del Gobierno Duque, quien era el único contacto con sus familiares, ya salió del cargo, como es apenas obvio, pero dicen que no hubo un empalme para acompañar a los exmilitares colombianos. Hoy están en el limbo.
Pero las peticiones de las familias no se quedan únicamente en el ámbito de la diplomacia. Ellos piden la libertad inmediata de los colombianos señalados, porque –como lo argumenta la señora García–, ellos fueron detenidos sin ninguna prueba y en más de doce meses no se ha logrado avanzar en el proceso de judicialización. Considera que es una detención dolorosa, angustiante e ilegal.
También exigen que se haga un llamado urgente al Gobierno de Haití para que se garantice un juicio imparcial, y piden a los dos gobiernos la autorización para que se pueda adelantar una veeduría internacional que garantice la transparencia en el proceso.
El trato indignante
La denuncia pública de las familias tiene asiento en las dolorosas narraciones que ellos hacen desde una reducida celda, donde dicen aguantar hambre extrema, hacer sus necesidades fisiológicas sin privacidad y sufrir de largos periodos de tortura.
“Conocemos de sus necesidades y sabemos que están en pésimas condiciones. Por eso sufrimos con ellos desde la distancia», cuentan.
Las esposas y la madre de los retenidos aseguran no tener paz desde que vieron un video, que se hizo viral, en el que los detenidos lloraban mientras pedían ayuda por las torturas, tratos crueles, amenazas y condiciones inhumanas.
Esta historia partió en dos sus vidas y ahora solo esperan que el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, se ponga al frente de tan difícil situación.
La abogada Sondra Macollins, defensora de los exmilitares desde Estados Unidos, donde apoya a estas familias. Según se dijo, adelanta gestiones con el gobierno Petro, con el fin de esclarecer las condiciones en las que los exmilitares están detenidos.
“La situación de mis defendidos, y eso es lo que genera mayor preocupación en los familiares de los detenidos, es que ellos estarían en riesgo de ser asesinados”, explica la abogada.
Finalmente, Claudia Grosso Salcedo, hermana de Manuel Antonio Grosso, pidió al Gobierno colombiano que los apoye y que no los deje solos.
“Están acusados de un crimen que no cometieron”, dijo Claudia, quien no pierde la esperanza de que haya un juicio justo y digno, pero fuera de Haití.
