Familiares de diputados asesinados por las FARC rechazan JEP: «No hay verdad ni responsables»

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El asesinato de los diputados del Valle, secuestrados en la Asamblea del departamento hace más de 20 años, representa uno de los crímenes más aterradores cometidos por las FARC durante el conflicto armado. A pesar de depositar sus esperanzas en la JEP para obtener respuestas y justicia, los familiares se sienten traicionados al no ver avances significativos en el esclarecimiento de los hechos.

El documento, de ocho páginas, destaca varios puntos de desacuerdo. En primer lugar, cuestionan la inclusión de información de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica como prueba, señalando que carece de validez jurídica. Además, critican que las mentiras comprobadas de miembros de las FARC se hayan aceptado como verdaderas, sin identificar de manera clara a los responsables del horrendo crimen.

Los familiares expresan su frustración por lo que perciben como una falta de respuesta por parte de la JEP a sus preguntas sobre el secuestro y otros aspectos conocidos durante las investigaciones en la jurisdicción ordinaria. Argumentan que la JEP ha desconocido sus demandas, calificando este proceso como «revictimizante».

Otro punto de discordia es la aceptación por parte de la JEP de la versión de las FARC de que los homicidios fueron cometidos por disidentes en combate con la guerrilla. Los familiares presentan evidencia que contradice esta narrativa, señalando la ausencia de guerrilleros o asaltantes muertos en el supuesto enfrentamiento y destacando la violencia extrema infligida a los diputados según las necropsias.

En cuanto a la imputación, el documento lamenta que solo se haya realizado contra tres personas como máximos responsables, cuestionando la falta de acusaciones individuales y de responsabilidades más amplias. La imputación se centró en Santiago Arbeláez, Héctor Julio Villarraga y Pacho Quinto como supuestos responsables del secuestro.

En resumen, los familiares de los diputados del Valle consideran que, a pesar de los siete años transcurridos desde el inicio del proceso en la JEP, se han obtenido mínimos aportes en términos de verdad. Su principal deseo es que la JEP escuche sus reclamos y comprenda la importancia de imputar a más personas relacionadas con el secuestro de los diputados.


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