Minutos antes de que el féretro de Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fuera trasladado del Salón Elíptico del Congreso a la Catedral Primada de Bogotá, su padre, Miguel Uribe Londoño, se pronunció con contundencia. Frente a los asistentes, incluyendo una delegación enviada por el gobierno de Estados Unidos, pidió que la investigación no se limite a los autores materiales del asesinato, sino que apunte directamente a los responsables intelectuales del crimen que conmocionó al país.
Desde su lugar de detención domiciliaria, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también se sumó a la exigencia. En un mensaje escrito, solicitó la colaboración de agencias de inteligencia extranjeras —de Estados Unidos, Reino Unido e Israel— para esclarecer quién ordenó el asesinato del senador y precandidato presidencial. Uribe Vélez insistió en que Miguel Uribe Turbay era el llamado a ser el candidato presidencial del Centro Democrático en 2026.
El abogado penalista Víctor Mosquera, apoderado de la familia Uribe Turbay, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía. En ella acusa a las disidencias de la Segunda Marquetalia y a su cabecilla, alias «Zarco Aldinever», de haber participado en una alianza criminal que terminó en el asesinato del líder opositor el pasado 7 de junio. La denuncia busca que el caso sea elevado a la categoría de crimen de lesa humanidad, por tratarse de un ataque sistemático contra un líder político en ejercicio y con proyección presidencial.
Las contradicciones dentro del mismo Gobierno han generado inquietud. Mientras el ministro de Defensa aseguró que el «Zarco Aldinever» fue asesinado en Venezuela por el ELN en medio de disputas por el control del narcotráfico, el comisionado de Paz, Otty Patiño, puso en duda la participación de la Segunda Marquetalia en el crimen, al sugerir que se trató más de un ajuste de cuentas con tinte sicarial que de un atentado político.
La familia Uribe Turbay insiste en que se esclarezca cada hipótesis con base en pruebas judiciales y no en versiones mediáticas o informes de inteligencia no verificables. El abogado Mosquera ha sido enfático en que están a favor de explorar todas las líneas de investigación, pero rechazan cualquier intento de desviar la atención o sembrar teorías sin sustento legal.
Por ahora, la Fiscalía ha imputado cargos a seis personas que habrían participado en la ejecución del atentado, entre ellos alias “el Veneco”, quien manejaba el vehículo en el que fue transportada el arma homicida, y alias “Gabriela”, la mujer que se la entregó al sicario. También se investiga la posible conexión con alias “el Churco”, un presunto intermediario hoy radicado en Ecuador.
El caso sigue rodeado de incertidumbre y tensiones. Mientras el Gobierno habla de estructuras internacionales del narcotráfico asentadas en Dubái, como posibles responsables, el director de la Policía ha dicho que no hay evidencia concreta de la existencia de una “junta directiva” del crimen organizado con ese nivel de articulación.
La familia del senador asesinado ha pedido que se priorice la verdad y que se evite repetir errores del pasado, como en el caso de Luis Carlos Galán, donde inocentes fueron condenados por presiones y pistas falsas. A medida que avanzan las investigaciones, crece la presión por identificar a los autores intelectuales del crimen y garantizar que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay no quede impune.
