Desde el municipio de Tello, Huila, la madre del soldado profesional Sebastián Díaz Amaya, Yolanda Amaya, expresó su indignación y repudio frente al brutal ataque perpetrado contra su hijo y un subteniente en la vereda Siloé, Villagarzón, Putumayo, el pasado miércoles en la tarde. Según los reportes oficiales, los uniformados fueron rociados con gasolina y prendidos fuego en medio de una asonada registrada en la zona rural.
El soldado Díaz Amaya sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Militar Central en Bogotá, donde recibe tratamiento especializado para atender las graves lesiones producidas por el ataque. La magnitud del hecho ha generado conmoción no solo en la familia del militar, sino también entre los habitantes de la región, quienes califican el acto como inhumano y despiadado.
La madre del uniformado aseguró que la violencia desatada en el Putumayo refleja la desprotección y la inseguridad que enfrentan tanto los soldados como la comunidad en zonas rurales. “No tiene corazón ni humanidad lo que hicieron con mi hijo y con el subteniente. Esperamos que los responsables se entreguen o sean capturados para que la justicia actúe”, afirmó Yolanda Amaya, con visible consternación.
Recompensa oficial
Frente a este hecho, el Ministerio de Defensa anunció la apertura de una investigación exhaustiva y ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura y judicialización de los responsables. La medida busca incentivar a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y garantizar que los agresores no queden impunes.
El hecho ha encendido un debate sobre la seguridad en las zonas rurales del Putumayo, donde la presencia de grupos armados y la violencia contra la Fuerza Pública continúan generando temor y desconfianza. Expertos señalan que ataques como este evidencian la necesidad de fortalecer los protocolos de protección a los militares, especialmente en regiones donde los enfrentamientos y la resistencia a la autoridad se han intensificado en los últimos años.
Justicia urgente
La comunidad ha condenado el ataque y exigido justicia inmediata, haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que se activen mecanismos de protección efectivos. Líderes locales y familiares de los uniformados advierten que hechos de esta naturaleza no solo afectan a los militares, sino que también generan un impacto profundo en la sociedad, al poner en riesgo la estabilidad y la convivencia en regiones vulnerables.
El caso de Sebastián Díaz Amaya y su compañero subteniente se suma a una larga lista de agresiones contra miembros de la Fuerza Pública en Colombia, alimentando la polémica sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en territorios históricamente conflictivos. La expectativa de la comunidad ahora se centra en que la investigación avance con rapidez y que los responsables sean llevados ante la justicia, dejando claro que la impunidad no será tolerada.
