La comunidad educativa y la familia de Angie Paola Tobar Calpa, estudiante de último semestre de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), exigen respuestas oficiales tras su muerte el pasado 27 de agosto en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, entre Popayán y Piendamó.
Según indicó su hermano, el cuerpo de Angie Paola presentaba presuntas esquirlas de un artefacto explosivo y heridas de bala, lo cual alimenta la inquietud sobre si fue víctima de un enfrentamiento o quedó atrapada en un control ilegal de grupos armados al margen de la ley.
De acuerdo con lo relatado, la joven y un acompañante fueron detenidos en un retén instalado por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — FARC (disidencias), quienes los obligaron a bajar de su vehículo y los trasladaron a otro. Posteriormente, se produjo un enfrentamiento entre los insurgentes y el Ejército Nacional de Colombia, en el que un vehículo quedó calcinado y se reportaron víctimas.
La familia reprocha que hasta ahora no se haya entregado un informe claro sobre lo sucedido, y que subsistan dudas sobre los roles de los actores involucrados —el grupo armado ilegal, la fuerza pública y las víctimas civiles— en esos momentos de violencia. “Queremos saber qué pasó realmente esa noche”, declaró su hermano.
Mientras tanto, la universidad ha convocado una jornada en memoria de Angie Paola, y en su natal Guachucal (Nariño) se prepara su sepelio una vez el cuerpo sea entregado por la Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan jóvenes estudiantes en zonas de conflicto armado interno y la urgencia de que las autoridades competentes garanticen no solo la verdad de los hechos, sino también la reparación y protección de quienes podrían encontrarse en el camino de la violencia.