El abogado Gilberto Rojas Sánchez, reconocido profesional del derecho y comandante del Cuerpo de Bomberos de Pitalito, hizo pública una declaración de réplica frente al boletín emitido por la Policía Nacional que informaba sobre la supuesta captura de un ciudadano en el barrio Sucre, quien, según el reporte, tenía una orden vigente por acoso sexual desde el año 2023.
Rojas aseguró que la información es “totalmente falsa” y que su defendido, José López Caldera, no fue capturado, sino que se presentó voluntariamente ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito para cumplir con una condena impuesta recientemente.
De acuerdo con el abogado, una vez se notificó la sentencia condenatoria a su cliente, ambos acudieron al despacho judicial para formalizar su presentación, acto que fue dejado en constancia por el secretario del juzgado.
“El ciudadano se presentó voluntariamente, y con base en esa constancia, el juzgado ordenó a la Policía ejecutar el procedimiento de traslado al INPEC. No hubo operativo, persecución ni captura. Todo se desarrolló bajo el conducto regular”, precisó Rojas Sánchez.
El jurista rechazó que el hecho se haya presentado públicamente como un resultado operativo de la Policía. “Es inaceptable que se pretenda ganar reconocimiento mostrando una captura que nunca existió. Sacaron fotografías y elaboraron un boletín con información falsa, afectando la imagen de mi defendido”, denunció.
Según explicó, el procedimiento legal posterior al traslado consiste en realizar la reseña policial mientras se dispone un cupo en el establecimiento carcelario correspondiente. “Mi cliente está privado de la libertad porque fue condenado, no porque lo haya capturado la Policía. El error está en el manejo mediático del caso”, puntualizó.
Rectificación oficial
Finalmente, el abogado Gilberto Rojas pidió a las autoridades competentes rectificar la información difundida, anexando el auto judicial y la constancia secretarial que confirman la presentación voluntaria del condenado.
“Exijo respeto por el debido proceso y responsabilidad en la información pública. No se puede distorsionar la verdad para mostrar resultados que nunca ocurrieron”, concluyó.
La controversia deja en evidencia un nuevo llamado a las autoridades sobre la precisión en los comunicados oficiales y la necesidad de verificar los procedimientos antes de divulgar información judicial a la opinión pública.
