Un juez de control de garantías dejó en libertad al grupo de personas que había sido capturado en el cañón del Micay, Cauca, por su presunta participación en el secuestro de 57 militares el pasado mes. La decisión se sustentó en la falta de evidencias sólidas que vincularan de manera directa a los detenidos con los hechos, lo que impidió a la Fiscalía sustentar la imputación de cargos. Las capturas, que se habían realizado en medio de una compleja operación en zona rural, generaron controversia por tratarse de una comunidad bajo presión constante de grupos armados ilegales.
Según la defensa de los procesados, las personas liberadas no hacían parte de ninguna estructura criminal y fueron detenidas arbitrariamente durante una redada que no distinguió entre civiles y actores armados. El caso pone en evidencia las dificultades operativas y jurídicas para esclarecer hechos en regiones controladas por disidencias, donde las líneas entre la población civil y los grupos armados muchas veces se diluyen. Por ahora, el secuestro masivo sigue sin responsables judiciales, mientras las investigaciones continúan sin avances definitivos.
