José Arley Piedrahita, exconcejal.
En una decisión trascendental, el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de garantías y conocimiento de Carmen de Apicalá ha emitido una sentencia de tutela en defensa del derecho fundamental de petición. Este fallo responde a una solicitud de información clara, legal, verídica y transparente sobre los trámites legales y la validez del actuar conforme a la Ley 388/97 y la normativa EOT, la tutela interpuesta por el exconcejal, José Arley Piedrahita está dirigida a la Secretaría de Planeación e Infraestructura y las Tics del municipio, en relación con el proceso de urbanización en la vereda La Florida con derecho de petición con número de radicado de ACA-RE-2023-00004488.
Necesidades
El juzgado, en su análisis, ha reconocido la importancia crucial de garantizar el acceso a la información pública, especialmente en casos que involucran decisiones urbanísticas de gran relevancia para la comunidad. En este contexto, la sentencia destaca el papel primordial que desempeña la transparencia en la gestión administrativa, especialmente cuando se trata de asuntos que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
Autoridad
La decisión judicial representa un hito significativo en la defensa de los derechos ciudadanos en materia de urbanismo y planificación territorial. Al tutelar el derecho fundamental de petición, el juzgado envía un claro mensaje sobre la necesidad de que las autoridades locales actúen en consonancia con los principios de legalidad y transparencia en sus actuaciones.
Acciones
Este fallo también pone de relieve la importancia de que las instituciones gubernamentales rindan cuentas ante la ciudadanía y brinden la información necesaria para garantizar una participación informada y activa de los habitantes en los procesos que afectan su entorno. En este sentido, se subraya la relevancia de que las decisiones administrativas se tomen de manera transparente y ajustada a derecho, en beneficio del interés general y el bienestar común. Se espera que este fallo impulse una mayor responsabilidad por parte de las autoridades locales en la divulgación de información relevante para la comunidad, así como en la garantía de una administración pública eficiente y en línea con los principios democráticos y constitucionales.
