La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcó un hito en la historia judicial de Colombia al dictar sanciones restaurativas de ocho años contra siete integrantes del último secretariado de las FARC, por su responsabilidad en miles de secuestros cometidos durante el conflicto armado. La decisión, conocida el 16 de septiembre de 2025, no contempla prisión, pero sí obligaciones comunitarias de alto impacto: búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario, actos de memoria y reparación simbólica.
Los exlíderes guerrilleros reconocieron su responsabilidad y aceptaron las sanciones. El fallo ratifica la lógica de la justicia transicional: verdad, reparación y garantías de no repetición. La JEP subrayó que estas sanciones no son una concesión de impunidad, sino un mecanismo excepcional diseñado para restaurar derechos y sanar heridas colectivas.
Este pronunciamiento responde a años de investigación y audiencias públicas donde las víctimas narraron los horrores de los secuestros. La resolución representa un reconocimiento jurídico y social al dolor causado y reafirma la centralidad de las víctimas en el proceso de paz.
Otras decisiones
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación emitió una directriz nacional para que entidades públicas y privadas fortalezcan protocolos de prevención frente a la violencia sexual y de género. El organismo de control enfatizó la necesidad de adoptar mecanismos de detección temprana, canales de denuncia efectivos y medidas de protección inmediatas.
Asimismo, se conoció la apertura de cargos disciplinarios contra la exalcaldesa de Puerto Rico (Meta), por presuntas irregularidades en la creación de una estampilla destinada a la Justicia Familiar. El caso refleja la vigilancia estricta a la gestión territorial y al manejo de recursos públicos.
En Bogotá, las autoridades reportaron la captura de seis individuos señalados de hurto en el sistema de transporte masivo, un hecho que refuerza la preocupación por la seguridad urbana.
Finalmente, en el ámbito político-judicial, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella interpuso una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional, alegando instigación a crímenes de lesa humanidad. El caso abre un nuevo frente de controversia jurídica y política en el escenario electoral.
En conjunto, estas decisiones judiciales y disciplinarias demuestran que el sistema de justicia colombiano se mantiene activo, vigilante y orientado a responder a las víctimas, combatir la corrupción y garantizar la protección de los derechos fundamentales.
