FALLAS CRÍTICAS EN PROGRAMA SOCIAL

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El 18 de noviembre, en una sesión de control político, se encendieron las alarmas frente a las graves inconsistencias en la ejecución del Programa de Seguridad Alimentaria en Popayán, iniciativa que busca beneficiar a miles de familias vulnerables. La revisión dejó en evidencia vacíos administrativos, debilidades en la supervisión y riesgos en la entrega de insumos esenciales, lo que pone en riesgo la eficacia y transparencia de los recursos públicos.

Preocupaciones por irregularidades

Durante el debate, el concejal Daniel Muñoz expresó su preocupación por la trazabilidad del programa, la ausencia de coordinación interinstitucional y la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre los contratistas encargados de ejecutar la iniciativa. Según Muñoz, “la seguridad alimentaria no puede manejarse con improvisación; requiere rigor técnico, control real y responsabilidad social”.

Las falencias detectadas incluyen retrasos en la entrega de insumos y vacíos en el seguimiento, lo que podría afectar directamente a las familias más necesitadas de Popayán. A pesar de la importancia del programa, las irregularidades administrativas y la falta de control técnico generan preocupación sobre la correcta utilización de los fondos públicos y la transparencia en la gestión social.

Medidas polémicas

Como respuesta, se propuso trasladar la administración del Programa de Seguridad Alimentaria a la Secretaría DAFE, entidad con experiencia en el manejo de este tipo de iniciativas. La decisión generó polémica al implicar un cambio institucional que podría modificar la ejecución del proyecto, mientras que la Secretaría de Salud se enfocaría en sus competencias misionales.

Además, se anunciaron visitas de verificación en campo a los hogares beneficiarios, con el fin de constatar el estado real de los insumos y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan. Este control busca garantizar transparencia, eficacia y un uso responsable de los fondos públicos, en un contexto donde la ciudadanía exige respuestas claras sobre programas que impactan directamente su bienestar.


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