Más de 20 veredas en la región del Bajo Caguán, en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, están sumidas en una situación crítica tras intensos enfrentamientos entre facciones disidentes de las FARC. Los combates entre los grupos liderados por alias Calarcá y alias Iván Mordisco han desterrado a cientos de familias, quienes enfrentan violaciones constantes de sus derechos fundamentales, incluyendo la restricción de la movilidad, el acceso a la salud, la educación y la seguridad alimentaria.
Gravedad
Edwin Leal, Defensor del Pueblo en Caquetá, informó que la situación lleva semanas agravándose, afectando severamente la calidad de vida de las comunidades rurales.
La falta de garantías para que los habitantes se desplacen a sus lugares de trabajo o accedan a servicios básicos genera una atmósfera de temor e incertidumbre. Leal urgió al gobierno nacional a tomar acciones inmediatas para evitar que el confinamiento continúe escalando y afectando a más territorios en esta zona ya golpeada por el conflicto armado.
Guerra interna en las facciones disidentes de las FARC
La violencia en esta región del país es producto de una disputa territorial entre diferentes facciones de las disidencias de las FARC. Alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central, ha consolidado su control sobre grandes extensiones del sur de Colombia, incluido el Caquetá, mientras que alias Calarcá, otro comandante disidente, ha intentado ganar terreno en estas áreas estratégicas.
El conflicto entre estos dos grupos ha dejado a la población civil en una situación de vulnerabilidad extrema. Las comunidades atrapadas en el fuego cruzado están expuestas a bloqueos, extorsiones y amenazas constantes por parte de los grupos armados. Además, el control de las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas en la región es uno de los principales motores del enfrentamiento, aumentando la intensidad de la violencia.
Repercusiones
El confinamiento ha provocado una crisis en los sectores de salud y educación. Muchos niños y jóvenes han dejado de asistir a clases por temor a los enfrentamientos armados, y los docentes han tenido que suspender actividades debido a la falta de garantías de seguridad. Asimismo, los servicios de salud han sido interrumpidos, impidiendo que las comunidades reciban atención médica esencial.
La entidad al servicio de la población, ha denunciado que la falta de medicamentos y la imposibilidad de trasladar a enfermos hacia centros médicos está poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Los líderes locales exigen la intervención inmediata del gobierno para restaurar el orden en la región y garantizar el acceso a estos servicios fundamentales.
Exigencias
Ante esta grave situación, el representante del Ministerio Público en Caquetá ha solicitado acciones contundentes del gobierno de Gustavo Petro. «La intervención debe ser rápida y efectiva», declaró Leal, quien pidió la presencia urgente de las Fuerzas Militares y un despliegue de organismos de derechos humanos para salvaguardar a la población. Las comunidades rurales en el Bajo Caguán, históricamente olvidadas, se encuentran hoy en el epicentro de una guerra que parece no tener fin.
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Pie de foto: Edwin Leal, Defensor del Pueblo.
