El sujeto habría exigido dinero de manera personal ilegal a un comerciante.
Redacción Extra
En un importante avance en la lucha contra la extorsión en el departamento del Meta, la Fiscalía General de la Nación judicializó a José Luis Fernández Zabala, quien sería responsable de exigir dinero de manera ilegal a un comerciante en Puerto Gaitán. Los hechos, que datan del 2 de febrero de 2024, involucran una serie de llamadas intimidatorias y presiones para obtener recursos económicos de la víctima, que en total alcanzaron los 43 millones de pesos.
Llamadas
Según la investigación, el comerciante comenzó a recibir llamadas en las que un desconocido le exigía una suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida ni contra sus bienes. La víctima, bajo la constante presión, realizó varias transferencias a diferentes personas, entre ellas Fernández, quien habría recibido parte de estos fondos mediante giros realizados a seis personas distintas. La totalidad de las transferencias superó los 43 millones de pesos.
Orden judicial
Tras la denuncia y las labores de inteligencia, las autoridades lograron ubicar y capturar a Fernández Zabala en una zona rural de San Andrés de Cuerquia, en Antioquia. La operación fue llevada a cabo por uniformados de la Policía y del Ejército Nacional, en cumplimiento de una orden judicial expedida por un juez de control de garantías.
Casa por cárcel
El detenido fue presentado ante la autoridad judicial, que le imputó el delito de extorsión agravada. Aunque Fernández no aceptó los cargos, el juez decidió imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio, considerando la gravedad de los hechos y la evidencia recaudada en la investigación.
Este caso refleja la constante lucha de las autoridades por desmantelar las redes de extorsión que afectan la seguridad y tranquilidad de las comunidades en el país. La Fiscalía continuará investigando y judicializando a quienes ilícitamente exigen dinero a los ciudadanos, promoviendo así la justicia y la protección de los derechos de las víctimas.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación de extorsión o amenaza, confiando en el trabajo conjunto y coordinado de las instituciones para garantizar la seguridad de todos los colombianos.
Según el Código Penal de Colombia, El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 192 a 288 meses y multa de 800 a 1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
