La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 bienes, que harían parte del patrimonio de funcionarios públicos y particulares señalados de integrar una red de corrupción que desvió millonarios recursos públicos destinados a la dotación del Cuerpo de Bomberos de Buenaventura. Las diligencias, desarrolladas de forma articulada con la Policía Nacional, se realizaron en Cali, Buenaventura, Buga y Armenia Quindío, donde fueron ocupadas propiedades avaluadas en más de 2.900 millones de pesos. Entre los activos afectados con fines de extinción del derecho de dominio se encuentran inmuebles urbanos, como apartamentos, parqueaderos y depósitos, así como vehículos de carga, automóviles particulares y una motocicleta. Según los elementos recaudados durante la investigación, varios de estos bienes habrían sido adquiridos con dineros públicos que estaban destinados entre los años 2013 y 2025 para fortalecer la capacidad operativa del cuerpo de atención de incendios y emergencias en el puerto del Pacífico. Entre los propietarios de los bienes afectados figura el exalcalde del Distrito portuario, Eliécer Arboleda Torres, junto a otros exfuncionarios públicos y particulares que ya han sido judicializados por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción. La Fiscalía reiteró su compromiso con la recuperación del patrimonio público y la lucha frontal contra la corrupción en todas las entidades del Estado.




