En el marco del Plan Choque ‘Seguridad 360’, la Policía Metropolitana de Popayán ocupó tres bienes inmuebles en diferentes comunas de la ciudad, con fines de extinción de dominio, los cuales estarían al servicio del tráfico de estupefacientes.
Las autoridades de la Policía Nacional manifestaron que se realizó la materialización de las medidas cautelares de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de estos inmuebles, ubicados en las comunas Cinco, Seis y Siete de Popayán cuyo avalúo comercial se acercaría a los 500 millones de pesos.
Según destacó el coronel Vianney Rodríguez comandante de la Policía Metropolitana de Popayán: “la primera notificación de las viviendas se dio en el barrio Santo Domingo, lugar donde la Fiscalía dictó medida cautelar a la residencia mediante notificación a su propietaria. A ella se le dio a conocer que este inmueble quedaba a partir del momento bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”.
El alto oficial señaló que: “se levantó el acta de notificación a otras viviendas ubicadas en los barrios Alfonso López y María Oriente las cuales habían sido utilizadas para la venta, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en la capital caucana. Ya se empezará el proceso para acabar con estos expendios de sustancias ilegales”.
El oficial aseguró que continuarán este tipo de operativos en toda la ciudad para contribuir a la disminución del consumo y comercialización de sustancias psicoactivas.
Del mismo modo, señaló que: “se hizo un ejercicio con todas las capacidades institucionales de la metropolitana con el seguimiento a través de cámaras y obviamente la SIJIN por medio de los allanamientos que realizó en las propiedades donde se realizaron las medidas cautelares con fines de extinción de dominio, pudo identificar que en estas viviendas se hacía este tipo de comercialización de sustancias ilegales”.
Es importante señalar que “la extinción de dominio en Colombia es un mecanismo jurídico establecido por la Ley 1708 del 20 de enero de 2014, la cual establece y permite el embargo de bienes privados que hayan sido utilizados o destinados para actividades ilícitas. Para esto se debe llevar un debido proceso donde se analiza el afectado, la actividad ilícita de la cual se le esté implicando y el bien que entraría en embargo”. Puntualizó.
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