Extinción de dominio a bienes de estructura delincuencial internacional en Ipiales, Nariño

Las propiedades fueron avaluadas en 2.500 millones de pesos y aparentemente funcionaban como hoteles para el tráfico de migrantes y alojamiento de ellos.
Los inmuebles afectados con medida cautelar estaban ubicados en varias zonas del municipio fronterizo con Ecuador. Tomado de la Fiscalía
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La Fiscalía General de la Nación informó sobre la imposición de medida cautelar a bienes de una estructura delincuencial avaluados en 2.500 millones de pesos y que estaban distribuidos en distintos puntos del casco urbano del municipio de Ipiales, Nariño, siendo utilizados para el delito de tráfico de migrantes y alojamiento de ellos.

Entre las propiedades embargadas se encuentran cinco hoteles y cinco vehículos que habrían estado al servicio de la red ilegal señalada de contactar a las personas extranjeras que ingresaban irregularmente a Colombia y, a cambio de dinero, las llevaban a pasos fronterizos informales hacia Ecuador. De acuerdo a la investigación del ente acusador, ciudadanos provenientes de Haití, Cuba, Venezuela y algunos países de África, entre otras nacionalidades, recibían transporte y alojamiento en Cúcuta, Norte de Santander, Necoclí, Chocó, e Ipiales, Nariño, puntos clave en las fronteras del país, con el fin de garantizar su salida hacia el resto del continente.

Se presume que la estructura denominada ‘Los del Tren de Aragua’, grupo al margen de la ley proveniente del estado de Aragua del país venezolano, serían quienes aparentemente delinquían en el municipio fronterizo por medio del control del paso de migrantes a través de rutas fronterizas ilegales hacia Ecuador.

A través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, la Fiscalía logró identificar y afectar los activos ilícitos de la organización delincuencial, lo cual se pudo concretar tras la captura de 11 sujetos señalados de presuntamente formar parte de este grupo ilegal y quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para realizar su respectivo proceso de judicialización.

Agregado a esto, los bienes fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para su administración.


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