Expresidente de Rumania es acusado por crímenes de lesa humanidad

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Ion Iliescu (foto de archivo de 2008).
Imagen: Xinhua/IMAGO

La Fiscalía general imputa a Iliescu y a Petre Roman, ex primer ministro, por la brutal represión de las manifestaciones de junio de 1990 contra el Gobierno que tuvo lugar durante la dictadura comunista.

Además del exmandatario Ion Iliescu, de 95 años, y del ex primer ministro Petre Roman, están imputados por los mismos crímenes Virgil Măgureanu, quien en aquel entonces era el director de los servicios de inteligencia, y el líder del sindicato minero, Miron Cozma.

Ahora, la Fiscalía les imputa la severa represión donde perdieron la vida cuatro individuos, dos fueron violadas, más de 1.300 personas resultaron heridas y otros 1.200 fueron detenidos.

Derrocada la dictadura

El 13 de junio de 1990, menos de medio año tras la caída del dictador comunista Nicolae Ceausescu por los rumanos, miles de mineros arribaron a Bucarest, convocados por las autoridades para sofocar el movimiento contrario al Gobierno de Iliescu, en eventos que se denominan’mineriada’ (minerada).

El 22 de abril de 1990 se iniciaron las protestas con manifestaciones en la Plaza Central de la Universidad de Bucarest en contra de Iliescu, quien formaba parte del Gobierno durante la dictadura, por violar su compromiso de no participar en elecciones y mantenerse en el poder únicamente durante un periodo de transición.

Represión contra la exigencia de ruptura con el régimen comunista

Iliescu y su Frente de Salvación Nacional obtuvieron un triunfo convincente en mayo en elecciones cuya legitimidad todavía es incierta. Los opositores demandaban la disolución del régimen comunista y la destitución de aquellos que habían asumido responsabilidades durante la dictadura.

La Fiscalía sostiene que los imputados «iniciaron un ataque contra los manifestantes» y intentaron «ocultar la acción de represión».

Iliescu ya había sido imputado en el caso ‘mineriada’ junto a Roman y Măgureanu, sin embargo, el procedimiento fue interrumpido por la justicia en 2020 y el Tribunal Superior de Casación optó por remitir el expediente a la Fiscalía Militar con el fin de reiniciar la investigación desde el principio.


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