Red de explotación sexual: acusado en libertad tras siete años, Congreso exige justicia urgente

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Medellín, 5 de septiembre de 2025 – El caso de Heinz Pool Rigoberto Buleje, acusado de liderar una red de explotación sexual que involucraba a más de 15 niñas entre 14 y 17 años, ha desatado una ola de indignación en el país. A pesar de su captura en 2017 y de las pruebas aportadas, el proceso judicial, marcado por repetidos aplazamientos, culminó en su liberación en 2023 por vencimiento de términos.

1. El caso y su gravedad

En una finca de Copacabana, Antioquia, autoridades confiscaron drogas, dinero y rescataron a 15 menores en situación de evidente explotación sexual. Buleje fue señalado de captar a niñas mediante engaños, regalos y manipulación, generando una profunda preocupación por la seguridad infantil en la región.

2. Desorden en el sistema judicial

Mientras estaba bajo investigación, el caso fue marcado por demoras y fallos procedimentales: de las 171 audiencias programadas, solo se realizaron 44. La carga del sistema y la ineficacia judicial llevaron a que Buleje quedara en libertad, en medio de señalamientos por impunidad, en 2023.

3. Reacciones políticas y sociales

La representante a la Cámara Alexandra Vásquez fue contundente en su denuncia: “Se trata de un caso alarmante que refleja un grave colapso del sistema judicial… muchas niñas siguen en riesgo… no es posible que extranjeros dañinos como este se aprovechen de la vulnerabilidad de nuestros menores”.

4. Estadísticas y contexto general

Según Infobae, Medellín suma ocho extranjeros capturados por delitos sexuales en lo corrido del año, siete de ellos de nacionalidad estadounidense. Entre 2010 y 2022, más de 3.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en la ciudad, y el 75 % corresponden a niñas y adolescentes.

5. Llamado urgente

El Congreso de la República, junto con distintas organizaciones de derechos humanos, ha exigido una respuesta inmediata y contundente. Se han planteado reformas para acelerar procesos, impedir excarcelaciones por fallos técnicos y mejorar la coordinación judicial frente a delitos sexuales contra menores.


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