Una bocamina subterránea de explotación de roca fosfórica fue evidenciada el 25 de febrero de 2026 durante una caminata ecológica realizada por la comunidad en inmediaciones del acueducto Pedregal. La intervención minera se ubica a apenas 220 metros de la planta de tratamiento y a 400 metros del punto de captación sobre la quebrada El Hoyo, distancia que enciende las alarmas por el posible impacto sobre el agua que abastece a cerca de 1.500 personas de tres sectores rurales.
Según la verificación directa, la labor minera tendría aproximadamente un mes de iniciada y presenta un avance con presencia de personal trabajando en el sitio. Además, se observó intervención en un predio contiguo a la planta de tratamiento, junto a una vía abierta con maquinaria pesada.
El túnel, que ya registra un avance aproximado de 15 metros desde su entrada, fue denunciado por la Junta de Gobierno del TECAM, organización que sostiene que la actividad extractiva contradice la vocación agropecuaria y de protección ambiental definida por la comunidad. Advirtieron que los sectores de Pedregal Alto, Límites y La Independencia dependen de esta fuente para el consumo diario, por lo que cualquier impacto comprometería el suministro del líquido vital.
Las coordenadas del punto intervenido fueron registradas como LN: 5,64267° y W: 72,93495°, confirmando su cercanía crítica a la infraestructura del acueducto comunitario. En la plataforma oficial de la autoridad minera aparece radicada una solicitud de Área de Reserva Especial identificada con placa ARE-512278, fechada el 1 de febrero de 2026, que cubre 31,8018 hectáreas para explotación de roca fosfórica.
La comunidad denunció que esta actividad contradice su decisión colectiva de mantener vocación agropecuaria y protectora del agua, establecida en su Plan de Vida Digna y en el proceso de reconocimiento territorial en trámite ante la autoridad de tierras.
Ante lo que consideran una amenaza directa al derecho al agua y a la autonomía territorial, las organizaciones exigieron el cierre inmediato de la bocamina, investigación sobre la legalidad de la explotación, suspensión total de actividades extractivas, creación de una comisión de verificación y garantías de protección para sus líderes sociales.
Las comunidades dirigieron exigencias formales a la Alcaldía de Sogamoso, la Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá, el Ministerio de Ambiente y la autoridad minera nacional. Solicitan el cierre inmediato de la bocamina, una investigación que determine si existe licencia vigente y la imposición de sanciones en caso de irregularidades.
Asimismo, plantean la creación de una comisión de verificación de títulos mineros y de actividades consideradas ilegales, junto con la implementación de planes populares de manejo del territorio. Finalmente, pidieron garantías de derechos humanos para sus líderes y reiteraron que permanecerán en alerta ante cualquier amenaza al agua y al equilibrio ambiental.
