La Procuraduría General de la Nación destapó una nueva bomba en el escándalo por las presuntas irregularidades en el millonario contrato para la expedición de pasaportes. En una decisión que sacude a varias entidades del Gobierno, el organismo de control vinculó a seis altos funcionarios más al proceso disciplinario, en medio de crecientes dudas sobre la transparencia y legalidad del convenio firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional.
El expediente, que estalló el 29 de julio tras la apertura de la investigación contra la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, ahora apunta a determinar si se comprometieron vigencias futuras que superan el periodo del Gobierno actual, generando un posible detrimento fiscal multimillonario.
Entre los nuevos implicados aparecen Julián David Peña Martínez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Imprenta; Olga Lucía Ruiz Mora, subgerente administrativa y financiera; así como delegados clave de varios ministerios: Jaime Berdugo (MinInterior), Luis Alberto Sanabria (Culturas), Dora Ojeda Roncancio (Educación), y Ricardo Arque Benavides (Presidencia).
Según la Procuraduría, podrían haberse cometido graves irregularidades como:
- Omisión de un proceso de selección competitivo, lo que habría favorecido a determinados contratistas.
- Falta de capacidad técnica de la Imprenta Nacional para asumir la producción de las libretas, obligando a subcontratar sin control.
- Posible violación de normas internacionales al comprometer aportes de la Casa de la Moneda de Portugal por debajo del 50 % del valor del convenio.
- Dudas sobre la disponibilidad presupuestal y posibles vicios de legalidad en las decisiones de la junta directiva.
La Procuraduría ha realizado inspecciones sorpresa en la Imprenta Nacional para evaluar si realmente cuenta con la capacidad operativa y financiera para cumplir con el contrato. De confirmarse las irregularidades, se prevén sanciones ejemplares y una posible avalancha de procesos penales.
El caso de los pasaportes se perfila como uno de los mayores escándalos administrativos de los últimos años, con ramificaciones que podrían llegar hasta altas esferas del Gobierno nacional.
