Florencia (Caquetá), 22 de agosto de 2025. En las primeras horas de este viernes, exactamente entre las 3:10 y 3:11 a.m., un artefacto explosivo de bajo poder detonó en pleno centro de Florencia, a escasa distancia de la Alcaldía Municipal. El mayor impacto fue material: vidrios, rejas y fachadas de locales comerciales resultaron gravemente dañados, aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales ni heridos.
La ciudad ya estaba en alerta, luego de que el día anterior circularan audios y mensajes que advertían a los ciudadanos evitar el centro, lo que evidenció el clima de zozobra e inseguridad latente en el territorio. Las autoridades localizaron el explosivo abandonado en una caneca de basura en plena vía pública, cerca de una droguería, lo que indica una puesta en escena premeditada.
Autoridades y contexto local
El coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, confirmó que ningún ciudadano resultó afectado y señaló que el dispositivo “fue ubicado en una caneca de basura”. Por su parte, el gobernador del departamento, Luis Francisco Ruiz Aguilar, atribuyó el ataque a estructuras criminales dedicadas a la extorsión, haciendo énfasis en la amenaza persistente que representan las disidencias de las FARC, especialmente la estructura conocida como “Rodrigo Cadete”.
Acción institucional
Las autoridades acordonaron la zona para realizar labores de investigación y recolección de pruebas. Además, convocaron un consejo de seguridad extraordinario para evaluar medidas de respuesta ante esta escalada violenta que coincide con otros graves hechos en el país, como el atentado con carro bomba en Cali y el ataque a un helicóptero de la Policía en Antioquia, que dejaron víctimas fatales.
Impacto y percepción ciudadana
El estallido generó pánico entre los comerciantes y transeúntes, que aún se recuperan del fuerte estruendo registrado a primeras horas del día. Asimismo, proliferaron denuncias sobre los permanentes cobros de extorsión; según los reportes, se han hallado panfletos intimidatorios que exigen pagos millonarios, hasta de 50 o 60 millones de pesos, a los comerciantes, bajo amenaza de represalias.
