La posible liquidación de la Nueva EPS se convirtió en un debate nacional después de que la Contraloría General de la República alertara sobre hallazgos financieros graves y la Fiscalía anunciara juicio contra exdirectivos por presuntos desvíos. El presidente Gustavo Petro señaló públicamente la liquidación como una salida, pero su propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, negó que la medida vaya a aplicarse de inmediato, lo que profundizó las contradicciones dentro del Gobierno.
Expertos como Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro, afirmaron que hablar de liquidación funciona como una “cortina de humo” para evadir responsabilidades estatales. Según Galán, trasladar a los 11 millones de afiliados sería inviable en las condiciones actuales y desataría una crisis sistémica que pondría en riesgo la atención de pacientes.
Riesgos para pacientes, prestadores y el sistema financiero de salud
Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, advirtió que la liquidación sería nefasta porque el Estado no se ha hecho responsable de las deudas acumuladas en procesos similares. Esto afectaría directamente a los prestadores de salud, que ya enfrentan dificultades financieras severas.
La Superintendencia de Salud, por su parte, ordenó a la entidad implementar un plan intensivo de legalización de pagos tras los hallazgos de la Contraloría. Sin embargo, surgieron nuevas controversias porque el superintendente Giovanny Rubiano aclaró que los recursos señalados como anticipos corresponden en realidad a pagos por servicios prestados, aún no imputados a facturas específicas en la contabilidad.
Crecimiento de afiliados y dudas sobre posibles traslados
Otro aspecto que incrementa la confusión es el aumento del número de afiliados en la Nueva EPS, contrario a lo que normalmente ocurre en entidades intervenidas. Galán señaló que se trataría de un fenómeno irregular que requiere explicación, pues desde otras EPS se estarían direccionando pacientes hacia esta aseguradora.
Aunque González aseguró que la libertad de elección de los afiliados sigue vigente, también advirtió que un eventual cierre de otras EPS podría generar asignaciones masivas hacia la Nueva EPS, siempre bajo normas legales que impiden traslados forzados sin consentimiento.
En este contexto, la posible liquidación de la Nueva EPS aparece como un escenario riesgoso, incierto y contradictorio, donde las decisiones gubernamentales deben equilibrar la estabilidad del sistema con la garantía del derecho a la salud de millones de colombianos.
