En una nueva entrega de declaraciones desde prisión, Pablo Hernán Sierra, exjefe paramilitar del Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez habría tenido participación directa en la creación y liderazgo de un grupo armado ilegal en Antioquia durante su periodo como gobernador.
«Él fue el que creó y dirigió el grupo paramilitar en Antioquia. Fue su proyecto personal. Nosotros no operábamos sin su aval», dijo Sierra en un video difundido por redes sociales y replicado por medios alternativos. Estas afirmaciones no son nuevas, pero se suman a una larga lista de señalamientos que, hasta ahora, no han derivado en imputaciones formales por parte de la justicia.
Álvaro Uribe, por su parte, ha negado reiteradamente cualquier vínculo con estructuras paramilitares, calificando las acusaciones como parte de una estrategia para desprestigiar su nombre y su carrera política.
Las declaraciones de Sierra reviven el debate nacional sobre la relación entre ciertos sectores del poder político y grupos armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado interno. Organizaciones de derechos humanos han pedido que este tipo de denuncias sean investigadas a fondo por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o la Fiscalía General, si aplican a la justicia ordinaria.
Expertos jurídicos consultados señalan que, aunque estas declaraciones por sí solas no constituyen prueba judicial contundente, sí podrían motivar nuevas líneas investigativas si se complementan con documentos, testimonios adicionales o pruebas forenses.
Por ahora, el caso genera nuevamente un fuerte eco en la opinión pública, polarizando opiniones y reabriendo discusiones sobre verdad, justicia y responsabilidad en el conflicto armado colombiano.
