Según la organización venezolana, Cecodap, que trabaja en la promoción y la defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, los niños migrantes son el eslabón más vulnerable de esta emergencia. Además, son bastantes los casos de niños y niñas que están bajo custodia de instituciones como el ICBF.
“La situación de las familias es compleja. Las medidas de protección implican que las familias tengan mejores condiciones para los niños y adolescentes, pero el sistema se queda corto, puesto que son cerca de 6.600 procesos de niños migrantes que no cuentan con acceso a la salud y educación”, así lo aseguró Claudia Sánchez, gerente técnica de World Vision Colombia.
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Y es que, entre el acompañamiento a las rutas migrantes realizadas por World Vision desde Cali e Ipiales y Bogotá a Tona, Santander, se ha identificado que cerca del 97% de la población que transita estas carreteras del país son migrantes venezolanos, en su mayoría con un estatus migratorio irregular. Son cientos de personas cuyo tiempo de viaje promedio es de 10 a 20 días ya sea a pie, haciendo uso del transporte público o pidiendo “cola” a los vehículos de carga pesada, poniendo en riesgo su bienestar y el de sus familias.
Ante esta situación, la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos (BPRM) y World Vision continúan brindando una respuesta a través del proyecto “Esperanza Sin Fronteras” en el que se han identificado dos sectores clave de intervención como lo son la protección y el refugio de la población migrante en las rutas de Tona, Bucaramanga, Tunja, Bogotá, Ibagué, Cajamarca, Cali, Popayán e Ipiales.
Frente al primero, la finalidad es mejorar la protección de las niñas y los niños caminantes que están en riesgo o son objeto de explotación, abuso, negligencia y violencia, aumentando el acceso a los servicios de atención abordando las necesidades de la niñez caminante a nivel individual, familiar, comunitario, organizacional e institucional, buscando mejorar y garantizar su seguridad física, su dignidad y sus derechos, previniendo y respondiendo a los riesgos que enfrentan por medio de asistencia humanitaria y de transferencias monetarias.
Entre ellas, se incluye la niñez no acompañada y separada que continúa en aumento según las declaraciones de la Defensoría del Pueblo en donde solamente en Norte de Santander, se habrían identificado más de 350 casos de acuerdo al reporte del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).
Con información proporcionada por World Vision.
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