Entre el 8 y el 10 de mayo, 46 exintegrantes del Ejército y civiles admitieron su participación en 18 casos de falsos positivos ante las familias de las víctimas en audiencia con la JEP.
Caldas, Quindío, Risaralda y Cauca. — En un hecho histórico por su dimensión y crudeza, 46 exmiembros del Ejército Nacional y civiles reconocieron su participación en ejecuciones extrajudiciales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La audiencia, realizada entre el miércoles y el viernes pasados, fue liderada por el magistrado Mauricio García y tuvo como objetivo consolidar los aportes de verdad de comparecientes no considerados máximos responsables.
Los hechos relatados por los exmilitares, pertenecientes en su mayoría al Batallón Mártires de Puerres, revelan la sistematicidad de los llamados falsos positivos, con al menos 18 casos documentados en Caldas, Risaralda, Quindío y Cauca. Entre los crímenes confesados están los asesinatos de un policía activo y varios civiles engañados con falsas ofertas de trabajo.
Uno de los relatos más escalofriantes corresponde al 28 de diciembre de 2007, en la vereda El Guamo de Manizales. Jhon Freddy Herrera Restrepo y Yhon Eison Soto Marín fueron citados bajo la promesa de empleo en una finca. Al llegar, fueron asesinados por órdenes del subteniente Juan Carlos Ostos Cepeda, quien había recibido presiones del entonces mayor Róbinson González del Río para presentar resultados en bajas, no capturas. Los cuerpos fueron presentados como muertos en combate, tras un montaje con disparos al aire y armas sembradas.
Otro caso ocurrió el 15 de enero de 2008 en Santa Rosa de Cabal, donde fueron asesinados Ronald Mauricio González Morales, Ricardino Escobar Restrepo y el policía activo Luis Guillermo González. Las víctimas fueron reclutadas con ayuda del civil Juan Carlos Arenas Huertas, alias Cuca, y emboscadas en una supuesta operación militar. Un testigo sobrevivió, lo que obligó a los responsables a intentar localizarlo posteriormente para asesinarlo y evitar su testimonio.
El 11 de febrero de 2008, en La Java, también en Risaralda, murieron Darvey Mosquera Castillo y Álex Hernando Ramírez Hurtado. Fueron reclutados con la promesa de trabajo, y uno de los implicados incluso alegó una supuesta venganza personal. En el ataque hubo una víctima sobreviviente, y un error en la escena —el olvido de poner el freno a un vehículo— causó que el cuerpo de una de las víctimas fuera arrollado accidentalmente.
Durante la audiencia, los familiares escucharon con dolor y dignidad las confesiones. Aunque algunos comparecientes expresaron remordimiento, otros minimizaron su responsabilidad, lo que generó tensión entre los asistentes.
Esta audiencia representa un paso importante en el proceso de verdad, justicia y reparación, pero también deja claro el desafío pendiente: el esclarecimiento total de la cadena de mando y la rendición de cuentas de quienes dieron las órdenes desde las más altas esferas.
