La denuncia de una familia de Popayán por una presunta falta de respuesta institucional frente a un caso de agresión escolar volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones por la convivencia y la protección de los estudiantes dentro de las instituciones educativas.
El caso involucra a una niña de siete años que, según relataron sus padres, resultó lesionada tras ser agredida físicamente por alumnas de otro grado al interior del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La institución es dirigida por la rectora Sor Irma Alejandra Rosas Zambrano. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio y, de acuerdo con la familia, inicialmente fueron informados mediante una nota manuscrita en la agenda escolar. Sin embargo, el estado de salud de la menor obligó a su traslado al Hospital Universitario San José, donde recibió atención médica y valoración especializada.
Además de la evaluación física por los traumatismos sufridos, la estudiante fue remitida a los servicios de Psicología y Trabajo Social debido al impacto emocional generado por la situación. Entre las recomendaciones emitidas por el personal médico se encuentra la suspensión temporal de la asistencia al colegio hasta que existan condiciones que garanticen su seguridad y bienestar.
Cuestionan acciones
Los acudientes de la menor manifestaron su preocupación por lo que consideran una respuesta insuficiente frente a los hechos y solicitaron la activación inmediata de la ruta de atención integral contemplada para casos de convivencia escolar. El 5 de junio radicaron un derecho de petición en el que exigen información clara sobre los protocolos aplicados, las medidas pedagógicas adoptadas y las garantías para el regreso de la estudiante a las aulas.
Dentro de las solicitudes presentadas, la familia pidió la realización de una reunión extraordinaria con las directivas de la institución, así como con las coordinadoras, docentes y padres de familia de las estudiantes involucradas, con el fin de conocer las acciones implementadas por el plantel y definir las garantías de seguridad necesarias antes del retorno de la menor a clases.
La situación ha generado reacciones entre ciudadanos que aseguran haber vivido experiencias similares. Algunas madres de familia señalaron que sus hijos también fueron víctimas de agresiones o situaciones de acoso escolar sin que, según afirman, se produjera una intervención oportuna por parte de las instituciones educativas.
Mientras la familia espera una respuesta formal por parte del colegio, el caso reabre el debate sobre la aplicación efectiva de las rutas de atención frente a la violencia escolar y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, seguimiento y protección para garantizar entornos seguros para niños, niñas y adolescentes.
