Exigen acelerar investigaciones y control fiscal

El líder social Carlos Riaño envió un radicado a la actual Contralora Departamental Elsy Magali Silva Plazas.
Carlos Riaño,
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El señor Carlos Mario Riaño Plaza, es un dirigente conocido en el municipio de Maní y en gran parte de Casanare por ser veedor de los adultos mayores y defender sus derechos, actualmente se encuentra exigiendo acelerar varias investigaciones y control fiscal a varias obras inconclusas, tales como la rehabilitación de la vía Maní – Aguazul.

Documento

En el documento radicado firmado por puño y letra de Carlos Riaño, reza que para los consiguientes y de manera comedida dirijo los oficios de la referencia, con el fin que ese despacho de su digno cargo, ordené hacer el respectivo control excepcional de los oficios calendados a diferentes fechas enviadas.

“Varios oficios enviados no han sido auditados ante mis diferentes denuncias en la Contraloría de Casanare, con fecha a febrero del año 2019, de lo contrario o prospera dicho proceso, por no investigarse a fondo y de manera clara, contraviniendo el articulo 29 de la Constitución Nacional, sobre el debido proceso, y también solicitar información al grupo de auditoría, con las respectivas falencias del aludido contrato”, dice Carlos Riaño.

Inconsistencias

“Estas irregularidades e inconsistencias, se debe a que la Constitución Nacional de 1991, abolió el Control Previo y dejo únicamente el Control Posterior, para fiscalizar sobre hechos cumplidos, es decir, cuando los dineros sean desaparecidos o robados”, reza el documento.

Riaño aseguró que la Ley 850 de 2003 de veedurías ciudadanas, para hacer los controles previos y posterior, como lo ordena el articulo 4 de la citada ley, pero las autoridades nacionales, departamentales y municipales, no están dando cumplimiento a dicha norma. “Es conveniente exigir de manera obligatoria dicho requisito para la contratación y ordenación del gasto”.  

Contratos

En el documento Riaño se refirió al Contrato de Obra Pública N.- 1758, del 29 de septiembre de 2015, donde se fraccionó el contrato en 2 etapas, contraviniendo las normas del proyecto, en razón a que la ordenanza 027, con la rehabilitación de la vía Maní – Aguazul, con un valor de 76.051.517.971, al parecer el contrato se ejecutó en dos etapas y era una sola.


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