Bogotá, Colombia. El posible nombramiento de la abogada Sorrel Parisa Aroca Rodríguez como nueva directora técnica de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía ha generado controversia, debido a sus antecedentes disciplinarios como exgobernadora del Putumayo. Aroca reemplazaría a Silvia Alexandra Cuesta Rosas, según fuentes cercanas al MinMinas.
Aroca Rodríguez es profesional en Derecho de la Universidad Libre y especialista en Derecho Minero Energético del Externado. En su trayectoria ha ocupado cargos como secretaria de Despacho de la Gobernación del Putumayo, diputada en la Asamblea Departamental, gobernadora (2016-2019), y más recientemente, contratista en la Defensoría del Pueblo y el Fondo Colombia en Paz.
Destituida e inhabilitada por irregularidades en contratación
Sin embargo, su perfil ha sido objeto de cuestionamientos desde que el 23 de junio de 2024 la Procuraduría General de la Nación ratificara en segunda instancia una sanción de destitución e inhabilidad por ocho años y seis meses, impuesta tanto a ella como al exsecretario de Educación Jorge Enrique Ferrín Dorado.
La sanción se derivó de irregularidades en un contrato de $5.453 millones para vigilancia en instituciones educativas del departamento. Según el fallo, durante su gobierno se impusieron condiciones inadecuadas que restringieron la libre competencia, dejando habilitado a un único proponente.
La Procuraduría calificó la conducta de Aroca y Ferrín como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, al haber vulnerado el principio de concurrencia y limitar la participación de oferentes externos al departamento.
El Dapre deberá pronunciarse
Aunque Aroca no ocupa actualmente un cargo de elección popular, el fallo disciplinario quedó en firme y genera dudas sobre la viabilidad legal y ética de su eventual nombramiento en el Ministerio.
Desde el Ministerio de Minas y Energía se indicó que aún no hay confirmación oficial y que será el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) el encargado de emitir un pronunciamiento frente a la idoneidad de su designación.
Este caso reabre el debate sobre la transparencia en los procesos de selección para cargos públicos de alto nivel, especialmente en sectores sensibles como el minero-energético, donde la confianza institucional es clave.
